Las senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta de la Mesa Directiva; Angélica de la Peña Gómez y Lucero Saldaña Pérez, presidenta y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente, se pronunciaron por la revisión de las leyes en materia de género, a nivel nacional y local, a fin de evitar que persista en los estados la violación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Perfeccionamiento de las leyes permitirá revertir agresiones de género: Lilia Herrera, Lucero Saldaña y Angélica de la Peña
Durante la presentación del libro “Si te callas, te mueres. La violencia contra las mujeres en México”, la autora Italy Ciani, ex procuradora en el Estado de México, aseveró: “la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es violada frecuentemente, sobre todo por parte de los estados”.
Esto es palpable en la aplicación de penas a delitos de género, el más grave el de feminicidio, cuyo eje es el proteger la vida. Sólo en 20 estados se prevé como tipo especial o complementario del homicidio doloso, y solamente en siete entidades se establece con proporcionalidad, explicó.
La violencia intrafamiliar es la antesala del feminicidio, puntualizó la experta, pues ocho de cada diez feminicidios tienen como antecedente la agresión en los hogares.No obstante, existen cinco estados donde se requiere la reiteración de la violencia doméstica, es decir, si una mujer presenta una denuncia porque su esposo le pone una mano encima, pues el Ministerio Público le dice que debe de esperar a otra agresión para poder actuar.
La senadora Herrera Anzaldo consideró que es importante estar cerca de los expertos y la experiencia que trasmite la obra pueda retomarse para impulsar el trabajo legislativo. “Es un libro conmovedor, crudo, pero así de cruda es la realidad, por lo que es importante difundir esta experiencia de quien fue subprocuradora en el estado de México en el tema de feminicidios”, expresó.
Es necesario efectuar una revisión de las normas vigentes a nivel federal y estatal, así como retomar los avances logrados, como la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de emprender el perfeccionamiento de los ordenamientos, indicó la senadora Lucero Saldaña.
No se trata de criminalizar ni de solucionar este problema a partir de un populismo punitivo de establecer penas más severas, aclaró la legisladora. El objetivo es ampliar y fortalecer un marco de reconocimiento de los derechos de las mujeres, por lo que en el Senado se han impulsado normas contra la violencia obstétrica, e incluso la ejercida
dentro del ámbito político en contra de las mujeres.
Enfatizó que es indispensable mejorar estas leyes para revertir las estadísticas de violencia de género, pues el INEGI apunta que 50% de las mujeres, de 15 años de edad en adelante, han declarado ser víctimas de su pareja. Advirtió que el Estado de México tiene uno de los más altos porcentajes, a lo que se agrega la violencia aplicada en centros de trabajo y otros lugares de convivencia.
Sistemas penales de los estados trasgreden constantemente las garantías a favor de la población femenina, acusa ex procuradora Italy Ciani
desventaja histórica respecto de los hombres, por la simple y sencilla diferencia que tienen con ellos: su aparato reproductor.
Señaló que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia, se elaboró acorde a los tratados internacionales a los que México está obligado atender “y hasta ahora tenemos un pendiente en el país, no estamos cumpliendo con los preceptos de los tratados internacionales”.
Ricardo Ruiz Carbonell, especialista en materia de derechos humanos, dijo que se siguen presentando disparidades cuando se hace un comparativo entre hombres y mujeres, y esto se transmite a todos los órdenes de la vida civil.
Aseveró que la violencia de género no es un tema de mujeres, es de hombres y mujeres, en los cuales ambos estamos implicados e involucrados; pero hay una cuestión sencilla: sí únicamente ponemos el enfoque en las mujeres, siempre vamos a perpetuar la violencia, de ahí la importancia de que el victimario reciba un tratamiento de su problema.
