Servidores públicos que no investiguen bajo esa premisa incurrirán en una responsabilidad y reparar daño a víctimas de violencia de género.
La senadora Lucero Saldaña Pérez propuso cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para establecer la obligación del Ministerio Público (MP) de investigar, con perspectiva de género, los delitos en contra de las mujeres, así como de solicitar la reparación del daño.De acuerdo con la iniciativa que presentó la legisladora en la Comisión Permanente, al recibir denuncias o querellas por hechos que la ley señale como delitos que implique violencia contras las mujeres, el MP deberá investigar con perspectiva de género, de no hacerlo será causa de responsabilidad grave.
Los servidores públicos que no investiguen bajo esa premisa, consideró Saldaña Pérez, incurrirán en una responsabilidad administrativa, penal o remoción del cargo.
Detalló que para que la reparación integral del daño se tiene que tomar en cuenta la situación de discriminación estructural o sistemática en la que se dan los hechos de violencia, ya que además de las razones de género, afectan la vigencia y respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Saldaña Pérez mencionó que según datos del 2011 dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 62.7% de mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna agresión.
Además, existe una alta prevalencia de violencia emocional, física y sexual en lo familiar, ya que:
- 42.4% sufrió agresiones emocionales o psicológicas
- 24.5% fue víctima de violencia económica
- 13.5% sufrió alguna agresión física
- 7.3% de las féminas sufrió violencia sexual
Sin embargo, acotó la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, los elevados índices de violencia y de denuncias por dichas causas, que asciende a 15 mil al año, no corresponde a las averiguaciones previas que concluyan con la detención del culpable o con una sentencia condenatoria.
La iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.