En México hay cerca de 26 millones de mujeres sin ingreso propio, lo que contribuye a la vulnerabilidad a la violencia en su contra, dice Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en un análisis que describe la situación de las mujeres en el mercado laboral, como aportación a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se realiza en todo el mundo el 25 de noviembre.

Sólo 4 de cada 10 mujeres tiene acceso al mercado de trabajo en México. La asignación social del cuidado del hogar y la familia ha condenado a la mujer a ser dependiente por no tener ingresos y
quedarse en el hogar a ejecutar tareas domésticas; cuidar niños; enfermos; personas discapacitadas
o adultos mayores. Estás labores no son remuneradas, ni socialmente reconocidas.

Además de la exclusión del mercado laboral, las mujeres que sí logran emplearse, en su mayoría, lo hacen en condiciones de precariedad; con bajos salarios (72%), sin seguridad social(62%), sin contrato estable, en horarios rígidos, y sin defensa ni representación sindical. En México solamente el 6% de las mujeres que trabajan ganan más de 12 mil pesos mensuales, mientras que 7 de cada 10 no pueden comprar lo básico con su ingreso laboral.

Mujeres sin ingreso laboral suficiente

Los estados donde hay más mujeres sin ingreso laboral suficiente para mantener a una familia son:

• Chiapas 79%
• Puebla 76%
• Guerrero 75%
• Morelos 75%
• Oaxaca 74%

Sin considerar la doble jornada que realizan, en promedio, las mujeres deberían trabajar años de 13.5 meses para ganar igual que los hombres y años de 14 meses para cubrir el costo de la canasta básica para 2 personas, ellas y una más.

La alarmante situación de las mujeres en el mercado laboral, víctimas de la violencia que caracteriza esta época, se ha agravado con la presencia de la pandemia por la enfermedad de COVID-19. Hay mayor mortalidad entre amas de casas; y la recuperación del trabajo para las mujeres es más lenta con tendencia a ahondar la precariedad.

Frente a la Pobreza propone un modelo de igualdad sustantiva que posibilite nuevas relaciones
sociales, económicas y políticas; y que contribuya a una economía incluyente. Esto con menor pobreza
y desigualdad, partiendo desde el mundo del trabajo.

La propuesta incluye el diseño de un sistema nacional de cuidados que propicie que las mujeres ejerzan sus derechos, dispongan de su tiempo y avancen al logro de conseguir su autonomía económica.

Exclusión económica y social

Casi 17 millones de mujeres no pueden trabajar por asumir un rol de género impuesto histórica y socialmente. Se trata, en su mayoría, de mujeres menores de 45 años (50%) que han cursado al menos la secundaria (68 %) o la educación media superior (27%).

La participación de las mujeres en el mercado laboral es de apenas 43%, los hombres tienen una participación de 74%. El desempleo afecta más a las mujeres (17.5%) que a los hombres (8.5%).

Los estados con menor participación laboral de mujeres son:

• Chiapas 32%
• Veracruz 37%
• Zacatecas 39%
• Tabasco 40%
• Querétaro 40%

Precariedad laboral de las mujeres

• Más de la mitad de las mujeres que trabajan carecen de afiliación a la seguridad social (61%)
• 52% no tienen contrato estable
• 93% de ellas no tienen sindicato que negocie su salario y prestaciones y defienda sus derechos

Las entidades con menor seguridad social para las mujeres son:

• Chiapas 84%
• Oaxaca 83%
• Guerrero 82%
• Hidalgo 78%
• Puebla 78%

Otro aspecto injusto de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo es que, pese a los
avances, aún están confinadas a actividades asociadas con el rol de género. El ejemplo más claro es
el trabajo doméstico remunerado:

• Por cada hombre ocupado en ese sector hay 11 mujeres.
• Son 2.2 millones de mujeres en total empleados en tareas del hogar. Y aún así hay una brecha salarial de $1,362 mensuales en promedio, con lo cual la brecha se multiplica. En contraste, en puestos directivos, hay casi 4 veces más hombres empleadores que mujeres empleadoras.

Doble Jornada laboral

Mujeres que laboran 20 o más horas a la semana, cumplen además con otra jornada completa
extra, en un trabajo que no es valorado, ni remunerado, sin prestaciones, ni días de descanso: el
trabajo en casa:

• Cocinando
• Lavando
• Planchando
• Limpiando
• Cuidando hijos o familiares

Mujeres en plena edad productiva, de 30 a 59 años de edad, dedican más de 45 horas en promedio
a tareas no remuneradas del hogar y de cuidados; además de su jornada laboral.

Propuestas

[/media-credit] La pobreza, la exclusión y la precarización laboral contribuyen a la violencia contra la mujer

Las propuestas que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recoge de organizaciones civiles
expertas en la materia, para avanzar en el propósito de abrir la participación de las mujeres en la
economía con trabajo digno. Es decir con salario suficiente, seguridad social y derechos laborales,
son:

1. Construir un Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan trabajar
   tranquilas, sabiendo que su familia está bien.
   • Un Sistema Nacional de Cuidados con cobertura universal, calidad y equidad, que
     involucre a toda la sociedad, incluido el sector privado.
   • Que atienda a menores (centros infantiles), a personas con discapacidad y a
     adultos mayores
   • Que amplíe la cobertura de las escuelas de tiempo completo
   • Que establezca políticas de incentivos a las empresas y entidades que proveen
     servicios de cuidados
   • Que incluya todas las medidas de atención a personas cuidadoras
2. Establecer mecanismos de valoración de las tareas de cuidados y del hogar, incluyendo formas de pago y protección social; porque son inversiones en el desarrollo humano, el bienestar y la calidad de vida.
3. Establecer mecanismos para garantizar igualdad de pago para mujeres. A trabajo igual, salario igual.
4. Promover acciones afirmativas y condiciones favorables para la contratación, permanencia y promoción de mujeres en el trabajo.
5. Equilibrar los permisos para maternidad/paternidad y el resto de prestaciones de acceso a servicios de cuidados, para evitar sesgos de contratación contra las mujeres.
6. Establecer mecanismos efectivos contra las violencias en el entorno laboral.
7. Garantizar condiciones de seguridad para mujeres que trabajan en horarios o situaciones de riesgo a la violencia.