Al continuar con los trabajos de las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la presidenta de la Comisión de Salud de la Cpamara de Diputados, la diputada Miroslava Sánchez Galván, expresó el pasado viernes 9 de agosto de 2019 que ha habido un rezago en el financiamiento para llevar a cabo políticas públicas exitosas en materia de salud.

 

Precisó que el Producto Interno Bruto (PIB) o el recurso que se destina a salud, “al día de hoy es totalmente insuficiente”. Por ello, se deben aumentar de forma sustantiva los montos, porque es un aspecto prioritario.

La iniciativa que crea el Insabi, expuso, tiene enfoque especial hacia el primer nivel de atención, hacia la educación y la promoción. En ese sentido, coincidió con especialistas, en que esa es la vía y la dirección a seguir: no menos del 1% del PIB cada año a salud.

Dijo que las opiniones y participaciones de las audiencias se analizarán la próxima semana en mesas de trabajo para revisar y retomar los puntos más importantes, a fin de fortalecer, robustecer la iniciativa y que salga lo mejor posible. Sin embargo, adelantó que “no se tendrá el dictamen la próxima semana, como habíamos acordado”.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba indicó que “por primera vez hay una apertura al diálogo”, con lo cual se espera llegar a mejores puntualizaciones.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal dijo que el dictamen debe ser enriquecido junto con la Comisión de Hacienda y Crédito Público y pidió analizar las ventajas para las entidades que se adhieran a este nuevo modelo de salud.

La diputada Martha Tagle Martínez comentó que las participaciones han sido muy valiosas y permiten generar un debate importante sobre el tema. “A partir de las aportaciones que hemos escuchado debemos trabajar con la idea de generar un nuevo sistema de salud que beneficie a todas y todos los mexicanos”.

En este tercer día de trabajos, en la mesa 5, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, expresó la importancia de que el proceso de construcción del nuevo sistema de protección en salud no sea demasiado largo para que responda a la expectativa social de tener soluciones prontas.

Durante su participación en la mesa “Generación de condiciones que garanticen el goce de un estado de completo bienestar y la participación de la comunidad”, pidió partir de lo ya construido, pues “despreciar el pasado sería pensar que en cada periodo gubernamental tenemos que empezar de nuevo o de cero y eso sería un despropósito y un desperdicio”.

Reconoció que las diferentes visiones pueden llegar a buen puerto si se escucha a la sociedad que ha identificado agendas rezagadas, que deben atenderse para financiar servicios efectivos por enfermedades que aquejan a segmentos específicos.

Destacó que las contribuciones vertidas en el foro permitirán elaborar una propuesta vigorosa, integral, sólida y mejor fundamentada, que considere la viabilidad financiera y el modelo de financiamiento como elemento estructural.

Además, componentes fundamentales, como los servicios que se brindarán; qué infraestructura física se requiere; el modelo de formación, reclutamiento, conservación y estímulo de recursos humanos; un sistema de información para diseñar, implantar y evaluar el desarrollo de políticas públicas, así como la tecnología e insumos que necesita el Sistema Nacional de Salud.

“Será posible si tenemos no solamente ambición y expectativas de progreso en el largo plazo, sino disposición para el diálogo, para la reflexión, no desde estamentos políticos o cálculos o predisposiciones egoístas, sino con una visión generosa que nos permita poner lo mejor de cada quien, lo mejor de cada elemento, al servicio de este importantísimo proyecto transformador”.

La subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Ebba Christina Laurell, expresó que la política de salud de la Cuarta Transformación se debe entender en un marco general que se inscribe en lo social, económico y en el contexto de la austeridad republicana, porque es el combate contra los privilegios. “Juega un papel importante, porque significa un cambio ideológico que va encaminado a lo que es la redistribución de la riqueza social”.

Lo que se plantea, agregó, es una nueva distribución de la riqueza social, la cual “mucha falta hace porque estamos en uno de los países del mundo con una distribución más desigual”. Además, la política social del gobierno, dijo, se refiere al nuevo tipo de programas sociales y una nueva estrategia laboral que está basado en el fin de los privilegios, de la corrupción sistemática y de las exenciones del pago de impuestos.

El gobierno, expuso, tiene programas sociales para mejorar las condiciones de vida. “No vamos solamente con una nueva política de salud, sino también con un conjunto de planes”. En cuanto a la participación comunitaria, agregó que está presente en la propuesta de salud, pues es donde se fortalece el primer nivel de atención. “Estamos yendo hacia la participación de la comunidad en el diagnóstico de los problemas y en la toma de decisiones”.

Mencionó que para ese fin se trabaja en un nuevo sistema de información para la toma de decisiones de abajo hacia arriba. “Estamos reorganizándolo para que tenga salidas a todos los niveles. Si no hay suficiente información para la comunidad es muy difícil tomar decisiones correctas; vamos a la constitución de comités de salud paritarios, en varios niveles que pueden ser la unidad de salud en el municipio, en el distrito, en los estados y en las regiones”.

Añadió que se trata de una reorganización del sistema existente, por lo que habrá una nueva coordinación con las autoridades comunitarias, además que los municipios jugarán un papel muy importante.

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se comprometió a revertir la inercia perniciosa de la institución. Urgió a generar modelos de organización comunitaria para prevenir, proteger y disminuir los efectos en la salud de la población por la exposición a riesgos sanitarios y naturales, así como los asociados a peligros químicos e industriales en la vida moderna.

“No podemos ignorar que el consumo de productos alimenticios o cosméticos con el ambiente, a través de los residuos tóxicos de las industrias, las y los mexicanos estamos ante una grave y permanente exposición”. Sostuvo que la falta de acceso a la información sobre los riesgos de estar expuestos a estos químicos “es el mayor de los problemas que enfrentamos como autoridades”.

Expresó su convicción para que la Cofepris se transforme con un enfoque social y humanista en beneficio de la población vulnerable y en riesgo. “Contrario a la inercia de tantos años, esta administración se compromete con la protección de la población más vulnerable a través del fortalecimiento de la cultura de protección sanitaria en la comunidad”.

Respecto del rezago de trámites de registros sanitarios en el sector farmacéutico, el funcionario señaló que en enero de 2019 se contaba con alrededor de 22 mil trámites heredados de la administración pasada, y a la fecha se han atendido 12,769. Precisó que es un atraso que data de 2006 a 2018.

Aclaró que de los trámites recibidos a partir de su administración, únicamente se tiene una demora de 3,584, ya que diariamente se reciben un promedio de 800 a mil solicitudes.

Jean Marc Gabastou, asesor internacional en Emergencias de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirmó que el replanteamiento de México para reorganizar y transformar los servicios en forma integral exige apoyar las acciones hacia garantizar la seguridad y el bienestar de la población; posicionar al país como un promotor, pionero y líder en ese proceso en la agenda regional y subregional.

Planteó tres ejes prioritarios de trabajo: la atención integral ante desastres que evite daños a la población y sus bienes, priorizando la inclusión y equidad de género; prevenir y evitar la propagación interna de enfermedades y controlarlas a través de una eficaz vigilancia del comercio internacional; atención primaria que asegure servicios de calidad en los tres niveles médicos, a fin de que sean resilientes y flexibles que respondan a una emergencia.

El comisionado nacional de Arbitraje Médico (Conamed), Onofre Muñoz Hernández, informó que de acuerdo con datos de la Plataforma Electrónica Nacional de Registro de Inconformidades, Quejas y Dictámenes de las comisiones nacional y estatal, en 2018 se resolvieron casi 36 mil asuntos de inconformidad en el país.

Detalló que los primeros 5 lugares de inconformidad con los servicios médicos recibidos por la población fueron:

1. por primera ocasión;
2. atenciones odontológicas;
3. traumatología y ortopedia;
4. cirugía general y subespecialidades;
5. urgencias y ginecología-obstetricia.

Los principales motivos de las quejas:

• El 24% con problemas de diagnóstico;
• Relación médico-paciente; es decir, maltrato;
• tratamiento recibido;
• tratamiento quirúrgico
• y deficiencias administrativas en los servicios de salud.

Subrayó que por cada 10 mil egresos hospitalarios el año pasado hubo 12 demandas o inconformidades por sospecha de mala práctica médica, con una variación entre sector público y el privado, en donde en el privado, fue de 8.5 por 10 mil egresos, y el público de 12.7 por 10 mil egresos.

Resaltó que una debilidad que tiene la Conamed y las comisiones estatales “es que somos efecto de un decreto presidencial y no somos parte de Ley General de Salud”. Además, aún hay 3 estados, Durango, Zacatecas y Quintana Roo, que por diferentes razones no tienen una comisión estatal, por lo que la población no tiene un espacio para inconformarse o expresar su malestar, queja o sospecha de mala práctica ante un organismo. Consideró que la Cuarta Transformación es una oportunidad o una posibilidad de formar parte de la ley.

Raúl Anaya Núñez, director de Certificación de Establecimiento de Atención Médica, del Consejo de Salubridad General, señaló que en el esquema de prestación de servicios planteado por el gobierno de la República, la seguridad de los pacientes es una condición fundamental y un elemento central en el proceso de transformación del sistema de salud. Dijo que la cobertura universal a la población será realidad cuando se garantice el acceso efectivo a servicios con menores riesgos.

Planteó una política pública que incluya condiciones de calidad en todos los niveles de atención, adecuar el marco regulatorio, incorporar una cultura de calidad en los establecimientos médicos, y fortalecer los sistemas de información para tomar decisiones consistentes y oportunas.

Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, señaló que existe una crisis en el sistema sanitario, que debe ser solventado con el diseño de políticas públicas, como es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Indicó que se necesita de un sistema con gran capacidad de respuesta para atender los retos sanitarios derivados de las condiciones sociales y económicas que afectan a la población. “La desaparición del Seguro Popular es una oportunidad para transitar de una perspectiva mercantil a una de enfoque de derechos y privilegios del bien común y la salud pública”.

El marco normativo que se propone para la creación del Instituto, dijo, sienta las bases para avanzar en los sistemas estatales. El crecimiento y control presupuestal del nuevo organismo hacia los sistemas locales debe tener correspondencia a la situación sanitaria particular de cada entidad y transparente entrega de cuentas a la sociedad. “Es vital crear condiciones para que los sistemas de los estados operen con suficientes recursos, con calidad, de manera gratuita y garanticen el derecho a la salud”.

Tomás Barrientos Fortes, director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, expuso que esta iniciativa está sustentada en el apoyo a los derechos de la persona, fundamentalmente a la vida, salud, alimentación, trabajo, educación y vivienda. “La multiplicidad y complejidad de los problemas en salud exige instrumentos diseñados a la medida y en la implementación de las soluciones se debe evitar caer en el ejercicio de una burocracia estéril”.

“El rol de las universidades es promover la educación y capacitación directa en temas de salud, pero fundamentados en que debe terminar en un empleo real, a través de la creación de micro comunidades de salud”.

Cecilia Toledo Escobar, investigadora en el Programa Género de Derechos y Políticas Públicas de Fundar, resaltó que una situación que revela las desigualdades que afectan a las mujeres por su condición bioógica, reproductiva, condicionantes sociales y económicas, es la mortalidad materna, siendo aquellas que son pobres las que fallecen durante el embarazo, parto y postparto, aun cuando se tienen conocimientos médicos y culturales para su prevención y atención.

Mencionó que no se trata sólo de hacer un cambio de nombre, sino de fondo, en donde el modelo de salud garantice los estándares mínimos hacia todas las mujeres, en sus diversidades, sin importar condición social, económica, género, raza e incluso nacionalidad.

Se congratuló que la iniciativa contemple la violencia contra las mujeres y la intrafamiliar, pero debe ser armonizada con los tipos y modalidades que se incluyen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y considerar atenciones psicológicas, psiquiátricas y medicamentos, así como garantizar los servicios de interrupción legal del embarazo en caso de violaciones sexuales.

Luis Fernando Hernández Lezama, coordinador científico del Consejo Promotor de Alimentación y Hábitos Saludables de la Fundación Mexicana para la Salud, AC, subrayó que la salud es percibida como un bien social y su expresión individual está transformando a los individuos, de pacientes en ciudadanos sanitarios demandantes que exigen el cumplimiento de su derecho y como un bien social determinado.

Consideró que la aspiración ideal es trabajar en el cuidado de la salud para vaciar los hospitales, que sean como seguros y estén disponibles con los más altos niveles de cobertura, calidad y especialización, pero que “ojalá y los tengamos que usar lo mínimo posible”. Además, como lo consigna la Organización Mundial de Salud, que se tengan “menos políticas específicas de salud y más enfoque de salud en todas las políticas”.

Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, indicó que el diseño del Insabi requiere basarse en el principio de hacer valer el derecho a la salud, y garantizando la continuidad de tratamientos para pacientes con cobertura actual en el Seguro Popular, así como brindar mejores resultados, menores efectos secundarios y homologando los medicamentos de todos los sistemas de salud.

Enfatizó que para ello se requiere de una planeación efectiva de las finanzas del instituto, contemplar las necesidades epidemiológicas y demográficas, otorgando en todo momento un presupuesto sostenible para atender todas las enfermedades. Propuso pasar del 2% al 6% del PIB el recurso destinado a este rubro. “Es una pena que México ocupe de los últimos lugares de gasto en salud entre los países integrantes de la OCDE”.

Rodrigo Cuevas, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, dijo que la propuesta de reforma debe justificarse vinculándola al compromiso de resolver los problemas actuales y generar resultados en los temas de cobertura, accesibilidad, gastos de bolsillo y disminución de las tasas poblacionales de las enfermedades crónico-degenerativas.

Puntualizó que la creación de Insabi es una gran oportunidad para sentar las bases de un mecanismo universal, para lo cual uno de los primeros pasos es el establecimiento de una cédula de salud que identifique a qué sistema pertenece cada mexicano, lo que ayudará a constituir al mismo tiempo el expediente clínico portable. Sugirió microseguros de salud mediante esquemas de prepago.

Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, comisionado Nacional de Bioética señaló que se requieren no sólo instalaciones dignas e instrumental adecuado para la provisión de servicios con calidad, sino tecnología innovadora para la modernización de la atención primaria, como la digitalización.

Comentó que para contribuir a la transformación del sistema nacional de salud pública, la bioética y gobernanza para el bienestar debe asegurar la participación de todos los sectores de la sociedad fomentando espacios de formulación y análisis de políticas públicas en la materia.

“En relación con la atención primaria para el próximo instituto, debe considerarse el conjunto de valores rectores y principios para el desarrollo sanitario y la organización de servicios de salud como la equidad, solidaridad, sostenibilidad y orientación hacia la calidad, estableciendo criterios para atender las necesidades prioritarias con la finalidad de franquear las barreras en el acceso y prestación de servicios de salud con la participación de los sectores público, privado y social en los 3 niveles de atención”, agregó.

Del Instituto Nacional de Pediatría, Arturo Perea Martínez dijo que se requiere considerar como prioridad hacer uso de la programación temprana de la salud y la enfermedad a través de nutrimentos y agentes bioactivos que son moduladores metabólicos y sistémicos como ventanas sensibles en el desarrollo pre y postnatal que regularán el sano crecimiento.

Transparencia, fiscalización y evaluación del nuevo sistema de salud

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputada Miroslava Sánchez Galván, expresó que en México hay 20 millones de personas que no tienen acceso al IMSS, ISSSTE ni Seguro Popular.

Lo anterior, durante la mesa 6, “Transparencia, fiscalización y evaluación del nuevo sistema de salud”, como parte de las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La legisladora se manifestó por apostarle a que haya un registro muy puntual, no sólo de los ciudadanos que acuden a consulta o atención médica de primer, segundo o tercer nivel, sino uno de enfermedades, pues también existe un subregistro de padecimiento en cada uno de los niveles y eso dificulta tener un diagnóstico preciso en el país sobre la salud.

Sánchez Galván pugnó por registrar las acciones de promoción y de educación para la salud, con la finalidad de “asegurar que el Insabi cumpla con su función de atender bien a la ciudadanía”. Además, el instituto debe incluir a los más vulnerables y personas LGBTTT. “Hay que asegurarnos que eso ocurra”.

Detalló que en el trabajo que se hará para crear el Insabi, se tienen que separar los temas de transparencia, fiscalización y evaluación. “Hay que ser cuidadosos de no cometer los mismos errores y ser precisos de cómo evitar actos de corrupción. Es vital la centralización de la salud, lo que podría eficientar el servicio. La Auditoría Superior de la Federación nos puede apoyar en esa labor”.

La evaluación, expuso, debe ser parte de la planeación; es decir de cómo se armará el proyecto del instituto, como parte de un proceso. “Se debe ver puntualmente y a detalle cada aspecto; lo vamos a trabajar en la comisión y lo que sea viable quedará en la ley o decreto y lo que no, deberá ir a los reglamentos y la normatividad; no hay que dejar cabos sueltos”.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal aseguró que el Seguro Popular “no fue creado corrupto”, pues fue un sistema bien aplicado, en el que hubo personas corruptas que lo manejaron; gracias a sistemas como el Seguro Médico Siglo XXI la atención médica llegó a poblaciones indígenas y se redujo la mortandad infantil.

Dijo desconocer qué pasará con la rectoría de la salud cuando un estado no se adhiera a este sistema, especialmente en aquellos que han logrado bueno resultados en la disminución de casos de muerte materna, mortalidad infantil y tienen buenos indicadores de vacunación.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba mencionó que es necesario conocer cuáles son los accesos efectivos a la atención médica que plantea el nuevo modelo, pues hay comunidades a las que es difícil de llegar. “El Seguro Popular cubre más de 17 millones de personas en zonas rurales y el 70% de las localidades en el país”.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Antonio Centeno Reyes, apuntó que en el nuevo sistema de salud existen 2 puntos estratégicos:

1. Poner a la persona en el centro de todas las decisiones;
2. Planear a largo plazo, “no más política instantánea”.

Planteó optimizar las estrategias financieras, mejorar los planes educativos, fiscalizar el uso de recursos, resultados y compras, así como reformas legales y políticas públicas de mayor alcance. Sólo así, se revertirá el fracaso histórico del país por no garantizar ese derecho.

Afirmó que los empresarios se suman a lograr este objetivo, cuidar que en centros de trabajo se mantenga la seguridad y calidad, y contribuir al presupuesto en salud mediante el pago de impuestos que les corresponden.

Marcos Cantero Cortés, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, subrayó que el principal reto e indicador más relevante para medir la transformación del sistema, es analizar la gratuidad bajo la óptica del gasto de bolsillo en salud, en particular de las familias en los deciles de ingreso más bajo en los municipios y localidades con mayor rezago.

Propuso ampliar la visión de la evaluación y considerar el acceso efectivo a los servicios y medicamentos, reducir tiempos de espera a consultas y ampliar el número de médicos y camas de hospital.

De la dirección general de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, Alejandro Vargas, dijo que la dependencia ha perdido rectoría en el sector, debido a que el Seguro Popular se creó como un sistema de financiamiento y se convirtió en un mecanismo alterno que recibía la mayor parte de los recursos, cuyos manejos estaban más ligados a un esquema de financiamiento que a la prestación de servicio.

Por ello, mediante la reforma a la Ley General de Salud que analiza esta comisión, por la cual se busca crear el Instituto de Salud para el Bienestar, se debe recuperar la rectoría de la secretaría del ramo en los temas de:

• prestación de servicios y financiamiento;
• garantizar que los recursos lleguen a las dependencias estatales
• y establecer políticas para devolverle la responsabilidad de gasto y rendición de cuentas.

César Cruz Santiago, de la secretaría técnica de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, del Consejo de Salubridad General, señaló que la certificación debe abarcar desde el primer nivel de atención con el objetivo de fortalecerlo.

Se debe garantizar la excelencia mediante esa certificación y contar con herramientas, como el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, anteriormente conocido como Cuadro Básico y Catálogo de Insumos, fundamental para la eficacia, pues contiene 14,599 claves, que representan 2,996 insumos, de los cuales, 1,865 son medicamentos.

La directora general de Evaluación de Desempeño en la Secretaría de Salud, Elsa Ladrón de Guevara Morales, afirmó que este cambio de visión busca incorporar no sólo procesos de evaluación externa a los programas y servicios de salud, sino también de autoevaluación. Precisó que son mecanismos mediante los cuales se puede tener la certeza de que las políticas, programas y acciones realmente contribuyan con los objetivos y los propósitos para los que fueron postulados.

Mencionó que, desde el inicio de este periodo se realiza una evaluación diagnóstica para ver si el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos realmente correspondía a las necesidades de la población. “Se encontró que muchas unidades de salud no tienen ni siquiera los servicios básicos como agua y drenaje; muchas no cuentan con médico o enfermera, y por lo menos el 20% de las unidades se encuentran deterioradas”. Aseguró que todas las acciones que se realizan en términos de diagnóstico y de propuestas organizativas y de modelo de atención lo va a operar el Insabi.

Luis Felipe Abreu Hernández, consejero editorial de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina (AMEFM), aseguró que de persistir en el modelo actual de salud se presentarán gastos catastróficos para México, derivados de enfermedades crónicas, como la diabetes y cardiacas.

Precisó que el modelo actual fue creado para una población joven, además que la división del trabajo era muy sencilla. “Este diseño funcionaba bien porque sólo una minoría era turnada a los hospitales, pero el envejecimiento de la población, la morbilidad y la confluencia de varias enfermedades en un solo paciente aumentó”.

La enfermera Martha Medina Gómez, trabajadora con 28 años de servicio en el IMSS, lamentó que su sector ha sido excluido cuando se trata de hablar de las jornadas de atención directa a pacientes y derechohabientes; además, enfatizó, «la sociedad en general ha contribuido en la deshumanización al ver a los enfermos sólo como estadísticas y a sus padecimientos como un gasto”.

Luis Adrián Quiroz Castillo, cofundador de la asociación civil Red de Acceso, señaló que es necesario garantizar el derecho a la salud y afirmó que en el país se discrimina al 100% a todas las personas que no están afiliados a ningún tipo de seguridad social, ya que se tienen diferentes niveles de atención. “Es inadmisible que en el Estado mexicano a sabiendas de este proceso, se siga discriminando porque no contamos con una cartera de servicios igualitarios para todas las personas”.

Subrayó que no se puede hablar de mejorar el sistema de salud sin contemplar a quienes les afectará este proceso. Celebró el combate a la corrupción, pero “preocupa la manera como se está haciendo la compra de los insumos para la salud, cómo está la distribución de los fármacos y cambio al tratamiento de los enfermos con VIH. Además, se ha dejado de diagnosticar en el país, a más de 2,500 personas con VIH por falta de apoyos y el Estado aún no llega a usuarios de drogas inyectables, hombres y mujeres trans, y de estos, quienes son trabajadoras sexuales, así como las personas privadas de la libertad«.

Janet Oropeza Eng, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, expresó que es necesario un aseguramiento universal, pues el Seguro Popular representaba un esquema limitado que no cubre a todos los padecimientos y no garantizaba el acceso a la salubridad para las personas. Además, en los últimos años hubo problemas de irregularidades y desvíos en las entidades federativas de los recursos del Seguro Popular.

Consideró importante tomar en cuenta las lecciones aprendidas sobre los temas de fiscalización y control del Seguro Popular para el nuevo esquema. La iniciativa centraliza funciones de provisión en el nivel federal, pero “esto no asegura un mayor control o disuasión de la corrupción; es decir, la centralización por sí sola no va a resolver los problemas de corrupción o de rendición de cuentas que había. Es vital, establecer un esquema fuerte de rendición de cuentas, transparencia, control y fiscalización de los recursos públicos en áreas de riesgo como las contrataciones, compras e integración de padrones de derechohabientes”.

María Teresa Soriano Ibarra, de la Asociación Mexicana para la Prevención y Atención en Salud, consideró necesario que en este sistema se cuantifiquen de forma adecuada el número de infecciones asociadas a la atención a la salud de México, se destine un presupuesto específico para su prevención, atención, y evalúen los resultados de los programas implantados y el destino de los recursos destinados para ello.

Agregó que las infecciones deben incluirse en la Ley General de Salud. “Es importante la implantación de acciones concretas por parte del Insabi para tener un registro de estas infecciones y transparentar el uso de los recursos públicos que se destinen para su prevención”.

De la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, Héctor Arreola Ornelas manifestó que sigue habiendo un aumento del número de pacientes que no reciben su tratamiento y regresan a sus casas, y los medicamentos que requieren en el peor de los casos ellos mismos los tienen que pagar debido a que no se les proporcionaron.

Señaló que en lo referente a la transparencia, supervisión, control y fiscalización de los recursos del nuevo sistema de salud no se modifica y no se tiene nada nuevo sobre fiscalización en esta iniciativa de ley, lo cual es un tema importante.

Janet García, investigadora docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, indicó que es prioritario evaluar la promoción y participación en la salud mediante una estrategia pública que sume a la comunidad, para empoderarla y cambie sus hábitos de vida de forma integral, a fin que las tasas de incidencia de enfermedades bajen.

Recomendó medir el impacto y resultados de las acciones en los pacientes y especialistas médicos, a través de metodologías simplificadas y sistematización de la evaluación, para conocer la efectividad y rentabilidad social de las nuevas medidas que se establecerán en salud.

Cristofer Merlos Montes, director de Afiliación y Operación del Seguro Popular de Querétaro, sostuvo la necesidad de que el gobierno mexicano cambie el enfoque de salud y destine el 7% del PIB al presupuesto del sector. “No podremos hablar nunca de cobertura universal mientras no se asignen más recursos”.

Argumentó que el Seguro Popular ha evitado que los afiliados eroguen dinero para atender enfermedades graves, incluidas en el catálogo del fondo de gastos catastróficos[.]

Respecto del rezago de trámites de registros sanitarios en el sector farmacéutico, el funcionario señaló que en enero de 2019 se contaba con alrededor de 22 mil trámites heredados de la administración pasada, y a la fecha se han atendido 12,769. Precisó que es un atraso que data de 2006 a 2018.

Aclaró que de los trámites recibidos a partir de su administración, únicamente se tiene una demora de 3,584, ya que diariamente se reciben un promedio de 800 a mil solicitudes.

Jean Marc Gabastou, asesor internacional en Emergencias de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirmó que el replanteamiento de México para reorganizar y transformar los servicios en forma integral exige apoyar las acciones hacia garantizar la seguridad y el bienestar de la población; posicionar al país como un promotor, pionero y líder en ese proceso en la agenda regional y subregional.

Planteó tres ejes prioritarios de trabajo: la atención integral ante desastres que evite daños a la población y sus bienes, priorizando la inclusión y equidad de género; prevenir y evitar la propagación interna de enfermedades y controlarlas a través de una eficaz vigilancia del comercio internacional; atención primaria que asegure servicios de calidad en los tres niveles médicos, a fin de que sean resilientes y flexibles que respondan a una emergencia.

El comisionado nacional de Arbitraje Médico (Conamed), Onofre Muñoz Hernández, informó que de acuerdo con datos de la Plataforma Electrónica Nacional de Registro de Inconformidades, Quejas y Dictámenes de las comisiones nacional y estatal, en 2018 se resolvieron casi 36 mil asuntos de inconformidad en el país.

Detalló que los primeros 5 lugares de inconformidad con los servicios médicos recibidos por la población fueron:

1. por primera ocasión;
2. atenciones odontológicas;
3. traumatología y ortopedia;
4. cirugía general y subespecialidades;
5. urgencias y ginecología-obstetricia.

Los principales motivos de las quejas:

• El 24% con problemas de diagnóstico;
• Relación médico-paciente; es decir, maltrato;
• tratamiento recibido;
• tratamiento quirúrgico
• y deficiencias administrativas en los servicios de salud.

Subrayó que por cada 10 mil egresos hospitalarios el año pasado hubo 12 demandas o inconformidades por sospecha de mala práctica médica, con una variación entre sector público y el privado, en donde en el privado, fue de 8.5 por 10 mil egresos, y el público de 12.7 por 10 mil egresos.

Resaltó que una debilidad que tiene la Conamed y las comisiones estatales “es que somos efecto de un decreto presidencial y no somos parte de Ley General de Salud”. Además, aún hay 3 estados, Durango, Zacatecas y Quintana Roo, que por diferentes razones no tienen una comisión estatal, por lo que la población no tiene un espacio para inconformarse o expresar su malestar, queja o sospecha de mala práctica ante un organismo. Consideró que la Cuarta Transformación es una oportunidad o una posibilidad de formar parte de la ley.

Raúl Anaya Núñez, director de Certificación de Establecimiento de Atención Médica, del Consejo de Salubridad General, señaló que en el esquema de prestación de servicios planteado por el gobierno de la República, la seguridad de los pacientes es una condición fundamental y un elemento central en el proceso de transformación del sistema de salud. Dijo que la cobertura universal a la población será realidad cuando se garantice el acceso efectivo a servicios con menores riesgos.

Planteó una política pública que incluya condiciones de calidad en todos los niveles de atención, adecuar el marco regulatorio, incorporar una cultura de calidad en los establecimientos médicos, y fortalecer los sistemas de información para tomar decisiones consistentes y oportunas.

Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, señaló que existe una crisis en el sistema sanitario, que debe ser solventado con el diseño de políticas públicas, como es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Indicó que se necesita de un sistema con gran capacidad de respuesta para atender los retos sanitarios derivados de las condiciones sociales y económicas que afectan a la población. “La desaparición del Seguro Popular es una oportunidad para transitar de una perspectiva mercantil a una de enfoque de derechos y privilegios del bien común y la salud pública”.

El marco normativo que se propone para la creación del Instituto, dijo, sienta las bases para avanzar en los sistemas estatales. El crecimiento y control presupuestal del nuevo organismo hacia los sistemas locales debe tener correspondencia a la situación sanitaria particular de cada entidad y transparente entrega de cuentas a la sociedad. “Es vital crear condiciones para que los sistemas de los estados operen con suficientes recursos, con calidad, de manera gratuita y garanticen el derecho a la salud”.

Tomás Barrientos Fortes, director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, expuso que esta iniciativa está sustentada en el apoyo a los derechos de la persona, fundamentalmente a la vida, salud, alimentación, trabajo, educación y vivienda. “La multiplicidad y complejidad de los problemas en salud exige instrumentos diseñados a la medida y en la implementación de las soluciones se debe evitar caer en el ejercicio de una burocracia estéril”.

“El rol de las universidades es promover la educación y capacitación directa en temas de salud, pero fundamentados en que debe terminar en un empleo real, a través de la creación de micro comunidades de salud”.

Cecilia Toledo Escobar, investigadora en el Programa Género de Derechos y Políticas Públicas de Fundar, resaltó que una situación que revela las desigualdades que afectan a las mujeres por su condición bioógica, reproductiva, condicionantes sociales y económicas, es la mortalidad materna, siendo aquellas que son pobres las que fallecen durante el embarazo, parto y postparto, aun cuando se tienen conocimientos médicos y culturales para su prevención y atención.

Mencionó que no se trata sólo de hacer un cambio de nombre, sino de fondo, en donde el modelo de salud garantice los estándares mínimos hacia todas las mujeres, en sus diversidades, sin importar condición social, económica, género, raza e incluso nacionalidad.

Se congratuló que la iniciativa contemple la violencia contra las mujeres y la intrafamiliar, pero debe ser armonizada con los tipos y modalidades que se incluyen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y considerar atenciones psicológicas, psiquiátricas y medicamentos, así como garantizar los servicios de interrupción legal del embarazo en caso de violaciones sexuales.

Luis Fernando Hernández Lezama, coordinador científico del Consejo Promotor de Alimentación y Hábitos Saludables de la Fundación Mexicana para la Salud, AC, subrayó que la salud es percibida como un bien social y su expresión individual está transformando a los individuos, de pacientes en ciudadanos sanitarios demandantes que exigen el cumplimiento de su derecho y como un bien social determinado.

Consideró que la aspiración ideal es trabajar en el cuidado de la salud para vaciar los hospitales, que sean como seguros y estén disponibles con los más altos niveles de cobertura, calidad y especialización, pero que “ojalá y los tengamos que usar lo mínimo posible”. Además, como lo consigna la Organización Mundial de Salud, que se tengan “menos políticas específicas de salud y más enfoque de salud en todas las políticas”.

Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, indicó que el diseño del Insabi requiere basarse en el principio de hacer valer el derecho a la salud, y garantizando la continuidad de tratamientos para pacientes con cobertura actual en el Seguro Popular, así como brindar mejores resultados, menores efectos secundarios y homologando los medicamentos de todos los sistemas de salud.

Enfatizó que para ello se requiere de una planeación efectiva de las finanzas del instituto, contemplar las necesidades epidemiológicas y demográficas, otorgando en todo momento un presupuesto sostenible para atender todas las enfermedades. Propuso pasar del 2% al 6% del PIB el recurso destinado a este rubro. “Es una pena que México ocupe de los últimos lugares de gasto en salud entre los países integrantes de la OCDE”.

Rodrigo Cuevas, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, dijo que la propuesta de reforma debe justificarse vinculándola al compromiso de resolver los problemas actuales y generar resultados en los temas de cobertura, accesibilidad, gastos de bolsillo y disminución de las tasas poblacionales de las enfermedades crónico-degenerativas.

Puntualizó que la creación de Insabi es una gran oportunidad para sentar las bases de un mecanismo universal, para lo cual uno de los primeros pasos es el establecimiento de una cédula de salud que identifique a qué sistema pertenece cada mexicano, lo que ayudará a constituir al mismo tiempo el expediente clínico portable. Sugirió microseguros de salud mediante esquemas de prepago.

Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, comisionado Nacional de Bioética señaló que se requieren no sólo instalaciones dignas e instrumental adecuado para la provisión de servicios con calidad, sino tecnología innovadora para la modernización de la atención primaria, como la digitalización.

Comentó que para contribuir a la transformación del sistema nacional de salud pública, la bioética y gobernanza para el bienestar debe asegurar la participación de todos los sectores de la sociedad fomentando espacios de formulación y análisis de políticas públicas en la materia.

“En relación con la atención primaria para el próximo instituto, debe considerarse el conjunto de valores rectores y principios para el desarrollo sanitario y la organización de servicios de salud como la equidad, solidaridad, sostenibilidad y orientación hacia la calidad, estableciendo criterios para atender las necesidades prioritarias con la finalidad de franquear las barreras en el acceso y prestación de servicios de salud con la participación de los sectores público, privado y social en los 3 niveles de atención”, agregó.

Del Instituto Nacional de Pediatría, Arturo Perea Martínez dijo que se requiere considerar como prioridad hacer uso de la programación temprana de la salud y la enfermedad a través de nutrimentos y agentes bioactivos que son moduladores metabólicos y sistémicos como ventanas sensibles en el desarrollo pre y postnatal que regularán el sano crecimiento.

Transparencia, fiscalización y evaluación del nuevo sistema de salud

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputada Miroslava Sánchez Galván, expresó que en México hay 20 millones de personas que no tienen acceso al IMSS, ISSSTE ni Seguro Popular.

Lo anterior, durante la mesa 6, “Transparencia, fiscalización y evaluación del nuevo sistema de salud”, como parte de las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La legisladora se manifestó por apostarle a que haya un registro muy puntual, no sólo de los ciudadanos que acuden a consulta o atención médica de primer, segundo o tercer nivel, sino uno de enfermedades, pues también existe un subregistro de padecimiento en cada uno de los niveles y eso dificulta tener un diagnóstico preciso en el país sobre la salud.

Sánchez Galván pugnó por registrar las acciones de promoción y de educación para la salud, con la finalidad de “asegurar que el Insabi cumpla con su función de atender bien a la ciudadanía”. Además, el instituto debe incluir a los más vulnerables y personas LGBTTT. “Hay que asegurarnos que eso ocurra”.

Detalló que en el trabajo que se hará para crear el Insabi, se tienen que separar los temas de transparencia, fiscalización y evaluación. “Hay que ser cuidadosos de no cometer los mismos errores y ser precisos de cómo evitar actos de corrupción. Es vital la centralización de la salud, lo que podría eficientar el servicio. La Auditoría Superior de la Federación nos puede apoyar en esa labor”.

La evaluación, expuso, debe ser parte de la planeación; es decir de cómo se armará el proyecto del instituto, como parte de un proceso. “Se debe ver puntualmente y a detalle cada aspecto; lo vamos a trabajar en la comisión y lo que sea viable quedará en la ley o decreto y lo que no, deberá ir a los reglamentos y la normatividad; no hay que dejar cabos sueltos”.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal aseguró que el Seguro Popular “no fue creado corrupto”, pues fue un sistema bien aplicado, en el que hubo personas corruptas que lo manejaron; gracias a sistemas como el Seguro Médico Siglo XXI la atención médica llegó a poblaciones indígenas y se redujo la mortandad infantil.

Dijo desconocer qué pasará con la rectoría de la salud cuando un estado no se adhiera a este sistema, especialmente en aquellos que han logrado bueno resultados en la disminución de casos de muerte materna, mortalidad infantil y tienen buenos indicadores de vacunación.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba mencionó que es necesario conocer cuáles son los accesos efectivos a la atención médica que plantea el nuevo modelo, pues hay comunidades a las que es difícil de llegar. “El Seguro Popular cubre más de 17 millones de personas en zonas rurales y el 70% de las localidades en el país”.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Antonio Centeno Reyes, apuntó que en el nuevo sistema de salud existen 2 puntos estratégicos:

1. Poner a la persona en el centro de todas las decisiones;
2. Planear a largo plazo, “no más política instantánea”.

Planteó optimizar las estrategias financieras, mejorar los planes educativos, fiscalizar el uso de recursos, resultados y compras, así como reformas legales y políticas públicas de mayor alcance. Sólo así, se revertirá el fracaso histórico del país por no garantizar ese derecho.

Afirmó que los empresarios se suman a lograr este objetivo, cuidar que en centros de trabajo se mantenga la seguridad y calidad, y contribuir al presupuesto en salud mediante el pago de impuestos que les corresponden.

Marcos Cantero Cortés, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, subrayó que el principal reto e indicador más relevante para medir la transformación del sistema, es analizar la gratuidad bajo la óptica del gasto de bolsillo en salud, en particular de las familias en los deciles de ingreso más bajo en los municipios y localidades con mayor rezago.

Propuso ampliar la visión de la evaluación y considerar el acceso efectivo a los servicios y medicamentos, reducir tiempos de espera a consultas y ampliar el número de médicos y camas de hospital.

De la dirección general de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, Alejandro Vargas, dijo que la dependencia ha perdido rectoría en el sector, debido a que el Seguro Popular se creó como un sistema de financiamiento y se convirtió en un mecanismo alterno que recibía la mayor parte de los recursos, cuyos manejos estaban más ligados a un esquema de financiamiento que a la prestación de servicio.

Por ello, mediante la reforma a la Ley General de Salud que analiza esta comisión, por la cual se busca crear el Instituto de Salud para el Bienestar, se debe recuperar la rectoría de la secretaría del ramo en los temas de:

• prestación de servicios y financiamiento;
• garantizar que los recursos lleguen a las dependencias estatales
• y establecer políticas para devolverle la responsabilidad de gasto y rendición de cuentas.

César Cruz Santiago, de la secretaría técnica de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, del Consejo de Salubridad General, señaló que la certificación debe abarcar desde el primer nivel de atención con el objetivo de fortalecerlo.

Se debe garantizar la excelencia mediante esa certificación y contar con herramientas, como el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, anteriormente conocido como Cuadro Básico y Catálogo de Insumos, fundamental para la eficacia, pues contiene 14,599 claves, que representan 2,996 insumos, de los cuales, 1,865 son medicamentos.

La directora general de Evaluación de Desempeño en la Secretaría de Salud, Elsa Ladrón de Guevara Morales, afirmó que este cambio de visión busca incorporar no sólo procesos de evaluación externa a los programas y servicios de salud, sino también de autoevaluación. Precisó que son mecanismos mediante los cuales se puede tener la certeza de que las políticas, programas y acciones realmente contribuyan con los objetivos y los propósitos para los que fueron postulados.

Mencionó que, desde el inicio de este periodo se realiza una evaluación diagnóstica para ver si el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos realmente correspondía a las necesidades de la población. “Se encontró que muchas unidades de salud no tienen ni siquiera los servicios básicos como agua y drenaje; muchas no cuentan con médico o enfermera, y por lo menos el 20% de las unidades se encuentran deterioradas”. Aseguró que todas las acciones que se realizan en términos de diagnóstico y de propuestas organizativas y de modelo de atención lo va a operar el Insabi.

Luis Felipe Abreu Hernández, consejero editorial de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina (AMEFM), aseguró que de persistir en el modelo actual de salud se presentarán gastos catastróficos para México, derivados de enfermedades crónicas, como la diabetes y cardiacas.

Precisó que el modelo actual fue creado para una población joven, además que la división del trabajo era muy sencilla. “Este diseño funcionaba bien porque sólo una minoría era turnada a los hospitales, pero el envejecimiento de la población, la morbilidad y la confluencia de varias enfermedades en un solo paciente aumentó”.

La enfermera Martha Medina Gómez, trabajadora con 28 años de servicio en el IMSS, lamentó que su sector ha sido excluido cuando se trata de hablar de las jornadas de atención directa a pacientes y derechohabientes; además, enfatizó, «la sociedad en general ha contribuido en la deshumanización al ver a los enfermos sólo como estadísticas y a sus padecimientos como un gasto”.

Luis Adrián Quiroz Castillo, cofundador de la asociación civil Red de Acceso, señaló que es necesario garantizar el derecho a la salud y afirmó que en el país se discrimina al 100% a todas las personas que no están afiliados a ningún tipo de seguridad social, ya que se tienen diferentes niveles de atención. “Es inadmisible que en el Estado mexicano a sabiendas de este proceso, se siga discriminando porque no contamos con una cartera de servicios igualitarios para todas las personas”.

Subrayó que no se puede hablar de mejorar el sistema de salud sin contemplar a quienes les afectará este proceso. Celebró el combate a la corrupción, pero “preocupa la manera como se está haciendo la compra de los insumos para la salud, cómo está la distribución de los fármacos y cambio al tratamiento de los enfermos con VIH. Además, se ha dejado de diagnosticar en el país, a más de 2,500 personas con VIH por falta de apoyos y el Estado aún no llega a usuarios de drogas inyectables, hombres y mujeres trans, y de estos, quienes son trabajadoras sexuales, así como las personas privadas de la libertad«.

Janet Oropeza Eng, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, expresó que es necesario un aseguramiento universal, pues el Seguro Popular representaba un esquema limitado que no cubre a todos los padecimientos y no garantizaba el acceso a la salubridad para las personas. Además, en los últimos años hubo problemas de irregularidades y desvíos en las entidades federativas de los recursos del Seguro Popular.

Consideró importante tomar en cuenta las lecciones aprendidas sobre los temas de fiscalización y control del Seguro Popular para el nuevo esquema. La iniciativa centraliza funciones de provisión en el nivel federal, pero “esto no asegura un mayor control o disuasión de la corrupción; es decir, la centralización por sí sola no va a resolver los problemas de corrupción o de rendición de cuentas que había. Es vital, establecer un esquema fuerte de rendición de cuentas, transparencia, control y fiscalización de los recursos públicos en áreas de riesgo como las contrataciones, compras e integración de padrones de derechohabientes”.

María Teresa Soriano Ibarra, de la Asociación Mexicana para la Prevención y Atención en Salud, consideró necesario que en este sistema se cuantifiquen de forma adecuada el número de infecciones asociadas a la atención a la salud de México, se destine un presupuesto específico para su prevención, atención, y evalúen los resultados de los programas implantados y el destino de los recursos destinados para ello.

Agregó que las infecciones deben incluirse en la Ley General de Salud. “Es importante la implantación de acciones concretas por parte del Insabi para tener un registro de estas infecciones y transparentar el uso de los recursos públicos que se destinen para su prevención”.

De la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, Héctor Arreola Ornelas manifestó que sigue habiendo un aumento del número de pacientes que no reciben su tratamiento y regresan a sus casas, y los medicamentos que requieren en el peor de los casos ellos mismos los tienen que pagar debido a que no se les proporcionaron.

Señaló que en lo referente a la transparencia, supervisión, control y fiscalización de los recursos del nuevo sistema de salud no se modifica y no se tiene nada nuevo sobre fiscalización en esta iniciativa de ley, lo cual es un tema importante.

Janet García, investigadora docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, indicó que es prioritario evaluar la promoción y participación en la salud mediante una estrategia pública que sume a la comunidad, para empoderarla y cambie sus hábitos de vida de forma integral, a fin que las tasas de incidencia de enfermedades bajen.

Recomendó medir el impacto y resultados de las acciones en los pacientes y especialistas médicos, a través de metodologías simplificadas y sistematización de la evaluación, para conocer la efectividad y rentabilidad social de las nuevas medidas que se establecerán en salud.

Cristofer Merlos Montes, director de Afiliación y Operación del Seguro Popular de Querétaro, sostuvo la necesidad de que el gobierno mexicano cambie el enfoque de salud y destine el 7% del PIB al presupuesto del sector. “No podremos hablar nunca de cobertura universal mientras no se asignen más recursos”.

Argumentó que el Seguro Popular ha evitado que los afiliados eroguen dinero para atender enfermedades graves, incluidas en el catálogo del fondo de gastos catastróficos[.]