La diputada Martha Robles Ortiz, impulsa un punto de acuerdo para que los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SS), cumplan con la instalación de bebederos de agua, ya que sólo una tercera parte de las escuelas cuenta con ellos, y prohíban la venta de comida “chatarra” en los planteles públicos del país, pues en el 80% todavía se venden bebidas azucaradas.
Destacó la urgencia de enfrentar la epidemia de obesidad infantil que coloca a México en primer lugar a nivel mundial, porque “a 8 años del inicio de la primera estrategia para combatirla, aún hay centros escolares que no tienen conocimiento de esta regulación y, por tanto, no la aplican”, pese a la reforma a la Ley General de Educación y a la Ley General de Infraestructura Física Educativa.En esta coyuntura nacional, sostuvo, se debe trabajar coordinadamente entre los poderes Ejecutivo, a través de la SEP y la SS, y el Legislativo para reconocer los derechos de la infancia, incluidos los de la alimentación, el agua y la salud, mediante la implementación urgente de una política integral de combate a la epidemia de obesidad y la desnutrición, para expulsar definitivamente la venta de productos “chatarra” en las escuelas públicas y privadas del país, destacó.
Sobre todo, abundó, porque el Instituto Nacional de Salud Pública, en su último reporte de seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, detectó que en una muestra de 110 escuelas primarias públicas revisadas:
- 88 vendían bebidas azucaradas
- Solo 37 tenían instalados bebederos
Además, hasta 80% de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres desconocía la prohibición de vender estos alimentos poco nutritivos, pese a las modificaciones aprobadas a las leyes General de Educación y General de Infraestructura Física Educativa; esta última estableció que todas las escuelas de educación básica contarían con piletas de agua y sistemas de purificación.
La instalación de 257,825 bebederos debió hacerse en un plazo máximo de 3 años, que concluyó en mayo de 2017, después de publicarse el decreto; sin embargo, la meta no fue lograda, pese a que la hidratación de las personas es un derecho humano y un elemento que coadyuva en un mejor funcionamiento del organismo que contribuye a reducir la obesidad.
También, “pese a existir el compromiso de la instalación de bebederos en los centros educativos del país por parte del gobierno federal, lo cual es necesario en las 40 mil escuelas distribuidas en la República, como coadyuvantes en el combate y prevención a la diabetes, obesidad y sobrepeso infantil”, resaltó.
La legisladora mexiquense refirió que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que es “imprescindible hacer obligatorio el acceso gratuito a agua potable en escuelas, espacios públicos y comerciales, porque su abasto es muy deficiente”.
Explicó que “son letra muerta” los compromisos fijados al Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, designado para desarrollar y fomentar una alimentación balanceada que incluyera verduras, frutas, cereal integral, oleaginosas, leguminosas y agua potable a libre demanda en las escuelas, e informar los avances al Consejo de Participación Social, y en su caso, las irregularidades detectadas.
Robles Ortiz expresó preocupación porque las políticas públicas para enfrentar la obesidad infantil se centren en la restricción de la venta de ciertos productos “chatarra” en las escuelas, pero el cambio de hábitos alimenticios de los infantes no puede enfocarse de esa forma, ya que los tratamientos exitosos para prevenir ese problema contemplan un enfoque integral de nutrición con programas serios y bien organizados de educación física y deportes.
Además, valoró la necesidad de instalar bebederos de agua potable y de buena calidad, para que los menores sean más sanos y conscientes de la importancia de su salud, a través de la ingesta de agua potable, mejores hábitos alimentarios y actividad física que les permitan alcanzar una mejor calidad de vida en su futuro[.]