Hidalgo rechaza la despenalización del aborto. Así la entidad queda sin reconocer un derecho humano de las mujeres

Este jueves, con 15 votos en contra, 10 a favor y cinco abstenciones, los diputados del Congreso de Hidalgo rechazaron la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo en el estado hasta las 12 semanas de gestación.

En el estado de Hidalgo la interrupción del embarazo está penalizado en cualquier etapa de gestación, excepto en casos de conducta culposa, violación, vida de la mujer en riesgo y se castiga con 1 a 3 años de prisión.

Con esta votación, los legisladores rechazaron la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo, la cual fue presentada por el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Osmind Guerrero Trejo.

En el Congreso local se manifestaron los grupos a favor de la vida que comenzaron a rezar y a exclamar cánticos religiosos, mientras que los grupos feministas y de mujeres a favor del aborto expresaron su rechazo ante la falta de votos para aprobar la iniciativa.

Por su parte, las integrantes de Marea Verde expresaron su reclamo por la manera en la que los diputados de Morena votaron de forma dividida por la iniciativa, y anunciaron que el próximo año los resultados se verán en el proceso electoral en el que se renovarán los 84 municipios.

Con esta votación histórica, el estado de Hidalgo queda sin reconocer un derecho humano de las mujeres, pese a llamados de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha hecho un llamamiento a los Estados de todo el mundo para “actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo”.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “mil 180 mujeres provenientes de Hidalgo han recibido servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, convirtiéndose en la tercera entidad con más mujeres que acuden a este servicio. La demanda de las hidalguenses es contundente. Muchos son los argumentos que se podrían esgrimir. Una de ellos es, sin duda, el proceso de criminalización por aborto que, en todo el país, sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución, y ahí son cuestionadas, denunciadas e interrogadas. Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.