Teniendo como objetivo promover la igualdad de oportunidades de personas nativas en México y eliminar cualquier práctica discriminatoria al permitir comunicar eficazmente sus malestares al acudir en busca de atención médica o servicios hospitalarios y tener una relación médico-paciente exitosa.
Piden incorporar traductores de lenguas indígenas en hospitales para atender a población originaria
Explicó que con frecuencia las personas nativas, al acudir en busca de atención médica o servicios hospitalarios, no pueden comunicar eficazmente sus malestares y, por tanto, es casi imposible poder culminar exitosamente la relación médico-paciente.
Por ello, la implantación de un grupo de traductores en los hospitales y los centros de salud del país es una tarea que requiere de solución pronta, de tal forma que los médicos presten sus servicios con plenitud y los pacientes reciban atención con inmediatez.
Consideró imperante que en México se desarrollen programas para la capacitación de traductores, con el fin de facilitar la correcta convivencia y la armonía entre la población indígena que habita en el país y las autoridades de gobierno.
Agregó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señala que las comunidades nativas en México representan aproximadamente 9.8% de la población. Por tanto, representa una amplia población que no puede seguir sin atención clínica adecuada.
Destacó que el problema trastoca a la urbe indígena que carece de conocimientos del idioma español y que, además, suele ser discriminada por grandes sectores de la sociedad, impidiendo su desarrollo integral.
Coronato Rodríguez recordó que la población indígena mexicana posee grandes riquezas culturales e históricas. “Estos grupos representan los antepasados nacionales y las raíces que formaron la ideología del país; por tanto, el Estado está obligado a velar y proteger a las comunidades étnicas”, expresó.
Añadió que la Federación, estados y municipios están obligados a promover la igualdad de oportunidades de personas nativas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como establecer instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar sus derechos, tal como lo establece la Constitución.
