En reunión virtual, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados logró el consenso para que una vez que reinicien las actividades presenciales en el órgano legislativo se apruebe el “Proyecto de dictamen de iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de las leyes General de Salud y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de protección al personal del Sistema Nacional de Salud”.
Se impondrían de uno a diez años de prisión a quien los agreda.
Sancionar delitos contra el personal médico y de emergencias
La presidenta de la instancia legislativa, diputada Pilar Ortega Martínez, subrayó que este proyecto tiene el consenso de las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados, por lo que en cuanto se retomen las actividades se llevará a discusión ante el Pleno. Agregó que desde el 14 de abril de 2020 se han recibido 14 iniciativas y, en términos generales, todas tienen un componente de sanción.
Mencionó que la intención principal es castigar los diversos delitos cometidos en contra de personal del Sistema Nacional de Salud en el contexto de una emergencia sanitaria. Plantean hacer extensiva la protección a los miembros de servicios de emergencia en cualquier desastre natural o situación de emergencia.
Añadió que se propone establecer una sola calificativa que agrave la sanción que reciba una persona por cualquier delito cometido en contra de personal del Sistema Nacional de Salud, de cuerpos que presten servicios de emergencia o de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio.
El artículo 190 del Código Penal Federal, de aprobarse la reforma, quedaría así: “Al que cometa un delito contra el personal del Sistema Nacional de Salud, los cuerpos que presten servicios de emergencias o de las Fuerzas Armadas, en funciones de auxilio en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas durante el tiempo que corresponde a una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural, declarado en términos de la ley por la autoridad competente, se le impondrá de 1 a 10 años de prisión, además de la pena que le corresponda por el delito cometido”.
También, la ampliación de las razones que actualizan el delito de discriminación, pues en la legislación vigente no se contempla ninguna que permita la actualización de este delito en los casos de las conductas relativas a la condición laboral de la persona. Por ello, se prevé la incorporación de dicha razón y que la conducta se circunscriba a la mitigación de la emergencia sanitaria o desastre natural, para que la redacción se armonice con la calificativa que se propone.
Esto modificaría el artículo 149 Ter, el cual señalaría: “Se aplicará la sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa, al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas y condición laboral o desempeño de actividad relacionada con la mitigación de una emergencia sanitaria o desastre natural”. Ello, para que se pueda sancionar dentro del delito de discriminación.
De igual modo, la diputada Ortega Martínez explicó que se proponen sanciones administrativas en la Ley General de Salud, en donde se modificaría el artículo 427 para establecer que a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia en cualquiera de sus modalidades contra el personal de salud, se les apliquen las sanciones a las que se refiere ese ordenamiento. En la misma ley se destacan algunas conductas que deben ser consideradas como discriminación y se hacen ubicaciones en el propio régimen transitorio, para armonizar la legislación.
Diputados manifiestan su consenso al proyecto
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés precisó: “les pido a todos que apoyemos la protección del personal de salud desde todos los frentes y desde nuestra trinchera. El dictamen está plasmado de buena fe y no está pintado de ningún color”.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández aplaudió la incorporación de los servicios de emergencia en situaciones de desastres naturales y reconoció la disponibilidad para generar los mejores consensos.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García señaló que el dictamen busca garantizar la seguridad del personal médico, así como de las Fuerzas Armadas, durante una emergencia sanitaria. “Creo que son muy acertadas estas modificaciones, por lo que mi voto será en sentido positivo”.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero apuntó que este proyecto recoge todas las propuestas de las fracciones políticas, lo cual permitirá la unificación en su validación.
De la propia bancada, la diputada Lorena Villavicencio Ayala coincidió en que este proyecto es un manifiesto público sobre las acciones que se realizan para salvaguardar la integridad de médicos, enfermeras y demás personal que conforma el sector sanitario.
Claudia Pérez Rodríguez dijo que es urgente que se defienda a este personal, incluyendo a los técnicos de mantenimiento; sin embargo, propuso establecer que estas modificaciones son para las instituciones públicas y privadas.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán mencionó que este tema es de justicia elemental para el personal que diariamente arriesga su vida para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, consideró que es preciso estipular que será tanto para el sistema de salud público como para el privado[.]
