El Senado de la República exhortó al titular del Ejecutivo federal a difundir la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, además de que solicitó a las secretarías de salud de las entidades un informe detallado sobre el número de quejas presentadas por violencia hacia las mujeres embarazadas.
El dictamen con punto de acuerdo precisa que, en los últimos dos sexenios, la atención prenatal aumentó de 64.4% en el año 2000 a 65.2% en 2006, y en 2012 alcanzó un 74.4%. De igual manera, se registró el incremento de embarazos en adolescentes, así como los casos recurrentes en los que se documenta una mala atención de los servicios de salud.
Aunado a lo anterior, detalla que se han reportado 931 casos de mujeres que dan a luz, fuera de hospitales, por ello la Secretaría de Desarrollo Social adoptó un principio de solidaridad mediante el cual el gobierno federal da prioridad a la atención de los municipios y comunidades que requieren políticas públicas urgentes.
De igual manera, en 2009 se firmó un Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas, en el que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de garantizar la prestación de servicios médicos de urgencias.
No obstante, la falta de atención oportuna y de promoción de los derechos de mujeres embarazadas, impiden que accedan a los beneficios de la coordinación interinstitucional, a través de dicho convenio.
Asimismo, los senadores exhortaron a la Secretaría de Salud vigilar que se cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.
Esta Norma también establece criterios y procedimiento para la prestación del servicio, a fin de disminuir el índice de cesáreas en el país, pues el porcentaje de nacimientos por cesárea en hospitales privados supera el 70% y en hospitales públicos el 41%, cifras que triplican el índice óptimo establecido por la Organización Mundial de Salud.
El dictamen señala que el alza en la práctica de estas cirugías mayores, en hospitales privados y públicos, son innecesarias y representa una alerta para el sistema de salud en el país.