El Pleno del Senado de la República aprobó el pasado 27 de abril de 2017, con 84 votos a favor y una abstención, el dictamen que propone reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para regular la clasificación de los videojuegos.
De acuerdo al documento, se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que se otorgue la facultad a la Secretaría de Gobernación (Segob) para vigilar que el contenido de los videojuegos se mantenga dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez y no ataque los derechos de terceros.
En cuanto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se modifica con la finalidad de que la Secretaría de Gobernación les pida lineamientos que establezcan los criterios de clasificación de los videojuegos.
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que el dictamen tiene como propósito vigilar el contenido de los videjuegos, como una medida que contribuya a proteger el interés superior de la niñez.
Al fundamentar el dictamen, dijo que los estudios realizados en la materia señalan que el hecho de jugar a menudo videojuegos incrementa a largo plazo comportamientos agresivos, independientemente del sexo, la edad, el grado de agresividad de los individuos y la intervención de los padres.
Señaló que es indispensable que se puedan generar los instrumentos normativos necesarios, que garanticen la protección de los niños y adolescentes, quienes por su edad representan al grupo poblacional más vulnerable de los efectos de estas nuevas tecnologías.
El senador Carlos Puente Salas, hizo hincapié en que resulta de vital importancia contar con una regulación en la materia, ya que si bien existe una regulación internacional en Europa y Estados Unidos, la realidad es que hoy cuando los padres de familia adquieren videojuegos, es cierto, tienen una regulación, pero que no es expedida por México.
Resaltó que se pretende dar facultades a la Segob para que realice las clasificaciones y que éstas se encuentren en el producto, en español, y que todos los mexicanos puedan tener claro qué artículo le están comprando a los niños.
