La asociación tiene el propósito de fortalecer el trabajo que enfrentan las mujeres en pro del ejercicio pleno del derecho a la igualdad y la equidad. Refleja la pluralidad de ideologías y está basada en principios constitucionales, para enaltecer la libertad de las mujeres, garantizando el diálogo y el trabajo en favor del género y sus derechos.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expresó que ante la demanda nacional de nuevos y mejores espacios de diálogo, construcción y pluralidad surgió la idea de crear “Mujeres de Avanzada”, una asociación constituida por congresistas, ex legisladoras y organizaciones civiles.

Durante la toma de protesta de la mesa directiva de dicha agrupación que preside, Quiñones Canales agregó que se busca construir mejores coyunturas que permitan a las mexicanas alcanzar, de manera efectiva, la paridad y acceso a la toma de decisiones en condiciones de igualdad.

“El trabajo en equipo y el diálogo son las mejores herramientas para construir más oportunidades de desarrollo para las mujeres. Con eso se reafirma que la igualdad de género es competencia de todas y todos”, precisó.

Esta asociación civil está abierta a todas las mujeres que quieran participar con solidaridad y serenidad. “Nosotras tenemos conciencia de nuestro poder individual y colectivo y apostamos a la evolución de la conciencia sobre sí mismas y en la sociedad”, expresó.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco, representante de Nuevo León, vicepresidenta de Mujeres de Avanzada, sostuvo que el objetivo de este proyecto es impulsar el fortalecimiento del liderazgo femenil y con ello lograr abrir el camino a las generaciones futuras.

Refirió que en la actualidad el avance de los derechos políticos es innegable, pero es necesario que se reflexione sobre la efectividad y la viabilidad de las mujeres en las posiciones de representación y de poder.

Explicó que quieren el poder no para obstaculizar el trabajo de los varones, sino para empoderarse y lograr abrir el camino a sus iguales; sin embargo, dijo, esto sólo se dará con trabajo efectivo y la integración de diversas opiniones, ideologías y profesiones e incluso de partidos políticos.

Al participar, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, señaló que los derechos de las mujeres están en la Constitución y en las leyes, “pero en ocasiones muy alejados de la realidad”.

Durante la toma de protesta de la mesa directiva de la asociación civil, señaló que es necesario gestionar acciones para priorizar el empleo de recursos públicos en la garantía de esos derechos, para vigilar que así se lleven a cabo e incidir en la implementación de políticas públicas que permitan mostrarlos en la realidad de manera patente.

Apuntó que los derechos cuestan mucho, en términos generales, e implican el destino de recursos para realizarlos. Así, dijo, las elecciones pueden llegar a costar tanto o más que dar educación o salud, y el derecho de asociación cuesta tanto como dar vivienda, enfatizó.

Agregó que faltan programas para erradicar la violencia contra las mujeres, así como preparación adecuada y la elaboración de protocolos para investigar, sancionar a los responsables y evitar su reincidencia.

En este sentido, afirmó que de las denuncias presentadas por mujeres, sólo 3% recibe una sentencia firme, lo cual muestra la deficiencia en el acceso a la justicia para las ellas. “Nuestros derechos confrontan una realidad que nos salta a diario con cifras que contradicen su efectividad”, sentenció.

Resaltó los derechos de las mujeres a la salud, sexuales y reproductivos y a la educación. “Sin embargo, subrayó, existen cifras de embarazo infantil y adolescente que lo contradicen”, pues de acuerdo con cifras del INEGI, en 2013 hubo casi 11 mil embarazos de niñas menores de 15 años.

De ellas, continuó, 198 eran niñas de 10 años; 224 tenían 11 años; 457, 12 años; mil 655, 13 años, y más de ocho mil, 14 años de edad, lo cual revela la ausencia de políticas de acceso a la educación sexual y métodos anticonceptivos.

Puntualizó que no sólo se trata de legislar para colocar derechos en el plano formal, sino de llevar a cabo las políticas públicas que los realicen en lo material. “La violencia doméstica requiere albergues; las madres trabajadoras, guarderías; las profesionistas, empleos, y eso no se da por decreto”, puntualizó.