En el marco del Foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas” se expuso que es fundamental una legislación que permita otorgar certeza a todos los procesos y personas involucrados y se deben rescatar todos los estándares en materia de protección a derechos humanos, donde se establezcan mecanismos de supervisión.
Senadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de crear una legislación homogénea, a nivel nacional, que dé certeza a todos los actores involucrados en materia de reproducción asistida y subrogación de vientres, y al mismo tiempo prevenga cualquier tipo de explotación y la trata de personas.
Durante el Foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas” la senadora Adriana Dávila Fernández, adelantó que se tiene lista una modificación a la ley actual que busca evitar la confusión para castigar el ilícito de embarazo forzoso con la subrogación de vientres. Con ello, agregó, no se generarán lagunas en los tipos penales.
La también presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República precisó que se plantea imponer pena de cuatro a diez años de prisión, y de 200 a 2,000 días multa, a quien con el fin de explotación obligue a contraer matrimonio a una persona para la prostitución, esclavitud o prácticas similares, para embarazo forzado o separar a una hija o hijo de su madre después de su nacimiento.
[/media-credit] Indispensable, legislar en materia de reproducción asistida y subrogación de vientres
Dijo que a partir de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento, ahora todos los delitos relacionados con la explotación de las personas se persiguen como trata, pues abarca muchos fines de explotación humana, “por lo que es indispensable establecer una definición puntual entre explotación y trata de personas”.
La senadora Sonia Rocha Acosta, dijo que es fundamental crear una legislación que dé certeza a estos procesos, pues muchas veces existen complicaciones que dejan en la incertidumbre la seguridad jurídica de todos los que participan pero, sobre todo, a la mujer gestante y al menor.
Afirmó que la explotación con fines de reproducción, en un supuesto de trata de personas, es un delito en el que las mujeres son obligadas a prestar su vientre, por ello, desde el Senado estaremos trabajando para legislar en esta materia.
En tanto, Adriana Carmona López, directora de admisibilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que ante la falta de una claridad y precisión en la maternidad subrogada se ha generado una situación lucrativa, donde no se pone atención a las mujeres que se sujetan a este tipo de contratación.
Señaló que existe un problema serio en el aspecto legislativo, ante la falta de normas integrales y políticas que vigilen esta figura, “por lo que tenemos que rescatar todos los estándares en materia de protección a derechos humanos, donde se establezcan mecanismos de supervisión”.
Eva Alcántara Zavala, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que en México se desarrollan procedimientos médicos y administrativos en materia de reproducción asistida y subrogación de vientres, para los cuales no existe una regulación mínima.
Existe una amplia gama de circunstancias que van desde el deseo generoso de ayudar, el interés de ganar dinero para cubrir alguna necesidad o la privación ilegal de la libertad y el sometimiento para utilizar el cuerpo de una mujer en calidad de objeto, advirtió.
Ingrid Tapia Gutiérrez, consultora de Early Institute, manifestó que este tema es un asunto de orden e interés público en el que se debe proteger a los niños de México, porque al final son ellos los principales afectados, pues los hijos de la madre gestante no están cubiertos o protegidos por ninguna ley. “La visión de cualquier legislación en la materia debe partir desde la protección plena de los derechos de los niños”, concluyó.
El representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Jorge Carreón, expresó que el embarazo forzoso bajo ciertos aspectos, puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad, que lacera sensiblemente a las personas, por lo que es necesario regular la subrogación de vientres, no solo en el aspecto penal, sino también en la esfera administrativa, civil y familiar, “ya que se pueden establecer figuras que afectan la inalienabilidad de los derechos humanos”.
El director General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Ricardo Juan García Cavazos, explicó que el avance en la ciencia y la tecnología representan una aportación de un procedimiento que puede reemplazar un paso natural para lograr la maternidad, sin embargo al buscar a una tercera persona, quien prestaría su vientre para ello, se puede caer en el delito de trata de personas.
Regina Tamés Noriega, representante de la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que muchas mujeres entran en este tipo de contratos para la reproducción asistida y subrogación de vientres por voluntad propia; ante ello, dijo que es fundamental una legislación que permita otorgar certeza a todos los procesos y personas involucrados.
En su oportunidad, Olivia Rubio, representantes de la organización Familias Diversas AC, expresó que la gestación subrogada no está prohibida en México, pero tampoco está legislada, por tal motivo, ante la falta de una regulación integral, se generan una serie de problemas de toda índole alrededor de este tema.
