La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez impulsa una iniciativa que reforma los artículos 50 y 51 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar su protección a la seguridad social.
Sistemas de seguridad social a favor de niñas, niños y adolescentes
Señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de incorporación a los sistemas de seguridad social a favor de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, para crear programas de seguridad social no contributivos que contemplen pensiones por orfandad y servicios de salud, como mínimo de protección.
Establece que, para garantizar el derecho a la seguridad social, deberán crear programas especiales que permitan incorporar a las niñas, niños y adolescentes que lo requieran a sistemas públicos no contributivos de seguridad social, considerando factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad.
Apoyo económico o pensiones no contributivas a favor de niñas, niños y adolescentes
En la exposición de motivos de la iniciativa, se menciona que la reforma obliga al Estado a diseñar mecanismos de apoyo económico o pensiones no contributivas a favor de niñas, niños y adolescentes. Esto implicará que se considere una partida presupuestal anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, permite a las autoridades administrativas la libertad para identificar la población objetivo; y los alcances que pueda tener, en función de las condiciones de vulnerabilidad.
Impacto del coronavirus
El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, refiere que, al 5 de marzo 2021, el coronavirus:
- Enfermó a más de 2’300,000 personas, de las cuales el 49% son mujeres
- Habrían muerto 209,198 personas, de las cuales, 37% eran mujeres
Además, la pandemia aumentó la violencia, la discriminación, el desempleo y la pobreza de género. Lo que permite dimensionar el riesgo y condición de vulnerabilidad en el que pueden estar miles de menores de edad al perder a su madre; independientemente del motivo por el cual haya ocurrido el deceso.
“No sólo se trata de las mujeres que murieron por COVID-19 y que pudieron tener alguna condición de vulnerabilidad a la pobreza; sino que también nos permite identificar riesgos como la violencia u otro tipo de factores de riesgo que prevalece en la cotidianidad de las mujeres”.
Además, muchas no cuentan con seguridad social, por lo que sus hijas e hijos no son considerados derechohabientes o beneficiarios para acceder a una pensión contributiva.
Un problema público
Por ello, es necesario visibilizar y atender esta situación como un problema público; por sus implicaciones de atención psicológica, médica, social y económicas debido a la vulnerabilidad y otros tipos de riesgos, subraya[.]
