La senadora Claudia Ruíz Massieu, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que las trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea incapacitante, primaria o secundaria, sean beneficiadas con 2 días de permiso con goce de sueldo cuando presenten los síntomas durante el periodo menstrual.
Este padecimiento se considera como un problema de salud pública, por lo que, refiere la senadora, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera a la dismenorrea como causa principal de dolor pélvico crónico en las mujeres y se estima que 50% de ellas han presentado el síntoma en algún momento de su vida, además de que provoca dificultad en el desempeño de las actividades diarias normales.
Para obtener este beneficio, señala la propuesta, las empleadas del sector público y privado deberán exhibir en sus centros de trabajo un certificado médico que acredite tal padecimiento. El documento deberá tener una vigencia de 12 meses y ser expedido por un especialista en ginecología, preferentemente de una institución pública perteneciente al Sistema Nacional de Salud.
Al término del año, se agrega, la trabajadora deberá realizarse nuevamente una evaluación médica, para confirmar el diagnóstico, y determinar que no será considerado como enfermedad profesional o causante de riesgos de trabajo.
Se indica en el documento que en caso de presentar un certificado expedido por una o un médico particular, deberá contener:
- fecha
- nombre completo
- número de cédula profesional
- diagnostico detallado de las condiciones de salud de la interesada
La senadora Ruiz Massieu argumenta que se cuenta con elementos sólidos para considerar la dismenorrea, en grado incapacitante, como un problema de salud pública y un obstáculo a la participación laboral de las mujeres, por lo cual, es necesario legislar en la materia para garantizar la plena igualdad laboral entre hombres y mujeres, y contribuir a erradicar todas las formas de discriminación.
La iniciativa que busca modificar las Leyes Federal del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis.