Para establecer que la Secretaría de Salud deberá emitir la NOM que incluya la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos y la transición hacia la utilización de sustancias naturales. Asegura el diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá que 186 sustancias químicas para fumigación contienen sustancias cancerígenas.
El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, secretario de la Comisión de Salud, advirtió el pasado 12 de noviembre de 2015 que en México 60%, es decir, 186 plaguicidas registrados comercialmente son altamente peligrosos, pues contienen sustancias cancerígenas y fueron prohibidos en Europa porque las empresas que los producen se negaron a seguir invirtiendo en pruebas que dejen claro cuáles son sus efectos.
Añadió que el uso de químicos para el control de plagas está generando un grave problema de salud pública y de medio ambiente, ya que, de acuerdo a investigaciones científicas, existen evidencias de los daños que causa en niños, jóvenes y adultos, tales como desequilibrios hormonales y cáncer; provoca, además, pérdida de la cubierta forestal y ocasiona efectos negativos a la biodiversidad y contaminación química del suelo, aire y agua.
Otros estudios, señalan que una mayor exposición a plaguicidas aumenta la incidencia de varios tipos de cáncer (próstata y pulmón), enfermedades neurodegenerativas como párkinson y alzhéimer, y algunas asociadas al sistema endocrino e inmunitario.
Ante ello, Hernández Alcalá propuso reformar el artículo 280 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que se realice una prohibición progresiva del uso de plaguicidas peligrosos.
Explicó que su propuesta busca que la Secretaría de Salud emita las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas.
Para la reducción de riesgos, emitiría la norma oficial que incluya la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y la transición hacia la utilización de sustancias naturales, garantizando su eliminación, con el fin de permitir el desarrollo de capacidades, mediante la creación de laboratorios nacionales y regionales para la implementación progresiva de sistemas de agricultura ecológica.
Subrayó que México debe atender urgentemente esta problemática, puesto que de ello depende el fortalecimiento de la agroindustria por su aportación al Producto Interno Bruto y el sostenimiento de la economía regional, tomando siempre en cuenta como prioridad la salud humana y la protección al ambiente.
Destacó que el país ha tomado acciones para desincentivar el uso de plaguicidas que provoquen daño a la salud o que sean agresivos con el medio ambiente, a través de la Reforma Fiscal, la cual contempla impuestos adicionales a este tipo de sustancias.
Asimismo, la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) también contempla tasas que van del 6 al 9%, dependiendo del grado de toxicidad; sin embargo, precisó, estas medidas no han propiciado cambiar el producto por otros más amigables con la salud y el ambiente.
Hernández Alcalá indicó que la sustitución de plaguicidas sumamente tóxicos por medidas de protección fitosanitaria menos peligrosas, constituye una obligación esencial de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la industria y la sociedad civil.
