Alianza para evitar recorte presupuestal al sector salud y progresar en acceso a servicios de salud de manera eficiente y oportuna en México

En el marco de la Mesa de análisis legislativo “Fortalecimiento del Presupuesto en Salud, la Comisión de Salud en el Senado de la República conformará, junto con su homóloga en la Cámara de Diputados, un grupo de especialistas forman una alianza para para analizar la forma en que se evite el recorte al presupuesto del Sector Salud en 2017, como podría ser etiquetar a programas médicos los recursos que se obtienen a través del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas.

De igual forma se analizará la transparencia y efectividad en la aplicación de recursos en el Ramo 12 y en el Seguro Popular, a fin de eliminar cualquier viso de discrecionalidad que afecte las finanzas del Sector Salud, lo cual permitirá sumar más recursos a programas de prevención y atención médica de la población.

Así lo anunció el presidente de la Comisión de Salud, Francisco Salvador López Brito, durante la Mesa de análisis legislativo “Fortalecimiento del Presupuesto en Salud, en la que participó la presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Melissa Torres Sandoval, quien destacó la necesidad de que ambas cámaras “conformen un alianza, en este momento crítico” ante el recorte presupuestal.

El senador López Brito precisó que en 3 años los IEPS generaron ingresos por 51,788 millones de pesos, pero se incumplió el compromiso del gobierno de asignarlos a infraestructura de abasto de agua para las poblaciones, como bebederos en las escuelas.

En 2016, abundó, se prevé que el gravamen a las bebidas azucaradas generará recursos por más de 21 mil millones de pesos, con los cuales se puede revertir en gran medida el recorte que se pretende realizar a la atención médica de la población.

El legislador hizo énfasis en que, en menos de 3 años, el gobierno federal ha aplicado recortes por más de 23 mil millones de pesos al presupuesto en Salud, a lo que se debe sumar el subejercicio en la aplicación de recursos.

En la propuesta de Presupuesto 2017 presentada por el Ejecutivo, puntualizó el senador López Brito, se impacta al Ramo 12, destinado a los estados, pues se le resta entre 7.87 y 9.20%, y al Seguro Popular, que protege a más de 50 millones de mexicanos, se le ajustan los recursos en 8.9%.

Otra de las grandes preocupaciones, enfatizó, es que se reducen los recursos a 24 hospitales fundamentales en la atención médica, destacándose:

  • Instituto Nacional de Cancerología
  • Hospital General Doctor Manuel Gea González
  • Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
  • y el Instituto Nacional de Nutrición

El Senador Francisco López Brito, afirmó que México enfrenta 3 grandes retos en Salud, sin importar el tipo de enfermedad que se trate:

  1. Deficiencias en el diagnóstico de enfermedades (o se diagnostica mal o se diagnostica tarde);
  2. En caso de que ya exista un diagnóstico, no se le da atención adecuada a la enfermedad por falta de recursos humanos, materiales y/o de infraestructura;
  3. El argumento de las instituciones de salud es que no hay dinero para poder atender mejor la enfermedad.

La salud es un derecho constitucional y los legisladores tenemos la obligación de asegurar que las personas tengan acceso a los servicios de salud de manera eficiente y oportuna. Esto validará la tutela que tiene el Estado en la protección del derecho a la salud de todos los mexicanos, especialmente a través de una asignación presupuestal que esté al nivel de las exigencias en salud que el sistema y la sociedad requieren, buscando siempre tener un presupuesto progresivo y no regresivo”, puntualizó el Senador López Brito.

Las senadoras Martha Tagle Martínez; Cristina Díaz, y Martha Palafox, coincidieron en que un grave problema es la discrecionalidad con que se manejan recursos, en particular del Ramo 12, destinado a los gobiernos en los estados.

Apuntaron que el Ramo 12 se ha convertido en la “caja chica” de los gobernadores, a quienes acusaron de ejercer una mayor opacidad en los recursos de salud luego de que el Congreso determinó que, para garantizar una mayor transparencia, la compra de medicamentos se realizara de manera consolidada por la Secretaría de Salud.

La legisladora Díaz Salazar puntualizó que es necesario también revisar la aplicación de recursos en el Seguro Popular, pues en este programa se registra también una gran discrecionalidad por parte de los gobiernos estatales, lo que ha impedido

La senadora Andrea García García recalcó que, de la reducción por 11,592 millones de pesos, sólo 665 millones de pesos afectan actividades de apoyo administrativo y ampliación de oficinas, lo cual contrasta con el ajuste de 8,792 millones de pesos a diversos programas como Fortalecimiento de la Atención Médica, Prevención y Control de Sobrepeso y Obesidad, y de Prevención y Atención Contra las Adicciones.

El gasto en salud, refrendó, no ha crecido conforme a las necesidades de la población y esto se refleja en un atraso en el acceso a la atención, uso de tecnologías, desarrollo de la investigación, crecimiento de infraestructura, y en deficiencias de la cobertura de insumos y medicamentos, problemas que serán mayores al contar con menos recursos.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Martha Elena García Gómez, advirtió que los recortes no pueden estar por encima de la ley que protege las garantías de los infantes, por lo que se sumó a la propuesta de analizar los diversos canales para fortalecer el presupuesto al Sector Salud.

Subrayó su rechazo a que no se apruebe recorte alguno a los programas de prevención, “sobre todo si se considera el panorama que actualmente se presenta en nuestro país, como ejemplo, la alta tasa de embarazos en adolescentes sólo se podrán contrarrestar con programas eficientes”.

La senadora María Elena Barrera Tapia, resaltó que en la revisión al presupuesto es necesario fortalecer los servicios médicos de primer nivel, pues se registra una gran fuga de recursos en unidades médicas familiares, donde no se cumple el objetivo de atender padecimientos no graves, ni la detección oportuna de enfermedades crónicas graves, ni el abasto de medicamentos.

Refirió que existen obstáculos como que las unidades médicas laboren, por turno, un promedio de 8 horas, tiempo insuficiente para atender a los pacientes, quienes saturan hospitales de primer nivel donde buscan atención, aun cuando no registren una enfermedad severa.

Ello, concluyó, representa una gran fuga de recursos pues los hospitales de primer nivel canalizan personal médico y medicamentos a personas que no requieren una atención especializada, y que podrían ser mejor atendidas en las clínicas.


Durante la mesa de análisis, la Red de Acceso dio a conocer sus cinco demandas esenciales para el análisis y la discusión del presupuesto en salud:

  1. Promover la salud debe ser una prioridad en la agenda pública, al ser un elemento estratégico para el desarrollo económico y social del país, en donde el enfoque debe estar en privilegiar la atención al paciente.
  2. Regresar el presupuesto en salud al monto aprobado en 2015, por lo menos; al ser la cifra más alta en los últimos años y que éste aumente cada año de acuerdo con la inflación.
  3. Incidir en el proceso legislativo para que el presupuesto en salud aprobado por la Cámara de Diputados no pueda ser modificado sin justificación.
  4. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para que los recursos SÍ lleguen a la atención de los pacientes.
  5. Buscar opciones innovadoras para la obtención de recursos exclusivos y/o adicionales para el sector salud, como pueden ser los Impuesto Especiales a Producción y Servicios (IEPS), especialmente aquellos con un fin de salud (bebidas azucaradas, tabaco, etc).

Las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Red de Acceso y que han impulsado la Campaña Nacional en Defensa del Presupuesto en Salud, manifestaron su rechazo frente al nuevo recorte en el sector salud contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017, y exigieron que el presupuesto se restituya al menos al monto que tenía en 2015, al ser la cifra más alta en los últimos años.

Desde la sociedad civil y la Red Acceso nos oponemos categóricamente a que haya más recortes al presupuesto de salud. Dentro de la propuesta de Presupuesto de Egresos que envío el Ejecutivo al Congreso se propone un nuevo recorte significativo por 10.4 mil millones de pesos al Ramo 12 correspondiente a Salud, lo que representa una disminución del 10% conforme a lo propuesto en 2016, del cual el 70% es un recorte directo al Seguro Popular. Con esta propuesta nos damos cuenta que el Gobierno Federal sólo ve números cuando analiza al sector de salud en México, y no se da cuenta que al quitarle presupuesto está afectando el acceso y la disponibilidad de tratamientos, medicamentos y otros insumos que son indispensables para millones de pacientes en el país. Recortar presupuesto es recortar vidas”, comentó al respecto Luis Manuel Encarnación, representante de la Red de Acceso.

Las organizaciones sociales enfatizaron que padecimientos que hoy están cubiertos por el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular y padecimientos que están en espera de ser incluidos, quedarían cada vez más comprometidos al disponer de menos recursos para su atención, por mencionar algunas de las consecuencias que implicará el recorte al gasto en salud.

En la mesa de análisis participaron, entre otros, el representante de la Red de Acceso, Luis Manuel Encarnación Cruz; Ciro Murayama Rendón, autor del libro “Los determinantes sociales de la salud en México”; Alejandra Macías Sánchez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria; Daniela Díaz Echeverría, de Fundar; Blanca Rico Galindo, de Funsalud; Gregorio Martínez Narváez, del Consejo Asesor Científico y Médico del ISSSTE; el consultor independiente Eduardo González Pier; y Jesús Waldo Martínez Soria, del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
En la mesa de análisis participaron, entre otros, el representante de la Red de Acceso, Luis Manuel Encarnación Cruz; Ciro Murayama Rendón, autor del libro “Los determinantes sociales de la salud en México”; Alejandra Macías Sánchez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria; Daniela Díaz Echeverría, de Fundar; Blanca Rico Galindo, de Funsalud; Gregorio Martínez Narváez, del Consejo Asesor Científico y Médico del ISSSTE; el consultor independiente Eduardo González Pier; y Jesús Waldo Martínez Soria, del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Imagen cortesía de Senado de la República | México


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Redacción, Plenilunia Sociedad Civil Fundada en el año de 2004, Plenilunia es una Sociedad Civil cuyo objetivo es fomentar el bienestar y la salud integral de la mujer.

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