Prevén crear un fondo para la Prevención de la Obesidad, para desarrollar reglas de operación que garanticen el adecuado uso de los recursos.

Senadores y senadoras del PRI, PRD, PAN, PT y Martha Tagle Martínez proponen que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud asignen los recursos públicos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo (IEPS) por bebidas azucaradas y de alta densidad calórica, a programas de infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles educativos de México.

Entre estos, se prevé el diseño e implementación de programas sociales, educativos y de salud, dirigidos a combatir el sedentarismo, obesidad y sobrepeso, así como las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de estas, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares; para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales y proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago.

Asimismo, plantean la creación de un Fondo para la Prevención de la Obesidad, en forma de Fideicomiso Público –de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria— el cual contará con un Comité de Expertos, cuyo objetivo sea diseñar e implementar reglas de operación para garantizar el uso cabal de los recursos destinados al Fondo, así como la evaluación de impacto.

Dicho Comité se conformará por las instancias de gobierno involucradas en el tema, como las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación, así como por un grupo de expertos en salud pública y sin conflicto de interés, que cuenten con experiencia en el sector público, social, académico y/o de investigación.

En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, los legisladores refieren que los niveles de sobrepeso y obesidad en México son alarmantes y mortales, por lo que es urgente implementar políticas públicas que contribuyan a disminuir su prevalencia, pues “de seguir así, muy pronto se constituirá en una de las principales causas de muerte de nuestros jóvenes”.

Adicionalmente, precisan que según observaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el destino de recursos para este rubro se encuentra muy por debajo de los ingresos; el año pasado la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes contó con un presupuesto de 323.7 millones de pesos, es decir, poco más del 1% de los ingresos previstos para este año.

En este sentido, puntualizan que para este año, se prevén ingresos por más de 21 mil millones de pesos por el IEPS en ese rubro, de los cuales, “una buena parte, si no es que todo”, debería ser dirigido a programas sociales, educativos y de salud que ayuden a combatir la obesidad, el sobrepeso, y la diabetes, así como para el acceso y disponibilidad al agua potable en escuelas, espacios públicos y zonas rurales.

De suceder así, aseguran, se daría cumplimiento a lo dispuesto en las leyes de Ingresos de 2014, 2015 y 2016, en las que se establece que la totalidad de los recursos recaudados por el IEPS a las bebidas azucaradas deberán destinarse “a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo”.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia para su análisis y dictaminación.