Con contar en las elecciones en México propuestas asertivas que nos permitan superar la emergencia epidemiológica por exceso de peso, la sociedad civil presento el pasado 11 de abril de 2018 una propuesta con acciones dirigidas para trabajar juntos y lograr un cambio de cultura alimenticia.
Frente a las elecciones presidenciales, no existen propuestas o éstas no son asertivas para atender la emergencia epidemiológica por exceso de peso que afecta a más de 70% de los adultos y un tercio de los niños y adolescentes en México.
El problema tiene múltiples causas, Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) expone que considera que la principal, es la existencia cada vez más omnipresente de un ambiente que favorece la obesidad, caracterizado por:
- una multimillonaria publicidad,
- penetración invasiva de productos ultra-procesados altos en azúcares, grasas y sodio en todo el territorio y su creciente asequibilidad.
El fenómeno se refuerza con etiquetados nutrimentales frontales inentendibles por la población, que inducen a un alto consumo de azúcar y una gran dificultad por acceder a alimentos saludables, por falta de disponibilidad y alto precio.
Las consecuencias de no atender el problema son graves:
- Pasamos de 46 mil muertes por diabetes en el 2000 a 106 mil en 2016,
- 1 de cada 2 niños nacidos a partir de 2010 podría desarrollar diabetes a lo largo de su vida,
- Para 2023 el costo de la obesidad será de 272 mil millones, cuatro veces más que en 2008.
Los costos incluyen no solo los gastos en tratamiento médico sino también por ausentismo laboral y por muerte prematura, aspectos que no se toman en cuenta, pero son pilares para la viabilidad propia del país. Asuntos que no han sido abordados por los candidatos a la presidencia.
La ASA propone a los candidatos, ante la emergencia epidemiológica que vive el país, promover el establecimiento de una Ley General Contra el Sobrepeso y la Obesidad, que derive en un Programa Especial que opere con un Fondo específico. La propuesta propone la creación de una Comisión Intersecretarial para la Prevención de la Obesidad, un Consejo Consultivo y un Comité Científico bajo un marco regulatorio que evite el conflicto de interés entre sus integrantes.
Se proponen diversos elementos que conformarían esta Ley en 2 ejes principales:
- educación y promoción de la salud;
- regulación sanitaria y entornos saludables.
Si bien el primer eje es necesario, la propuesta se centra en las siguientes acciones dirigidas a modificar el ambiente que promueve la obesidad:
- Fortalecer las medidas fiscales, tanto impuestos a productos no saludables como subsidios a alimentos nutritivos. Generar recursos por impuestos a alimentos y bebidas no saludables para dirigirlos al acceso y disposición de alimentos saludables.
- Implementar un sistema de etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas envasadas, fácil de entender y útil.
- Regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia en forma efectiva, es decir cubriendo todos los medios y herramientas a las que está expuesta.
- Fortalecer la regulación de la oferta de alimentos y bebidas no saludables dentro y fuera de las escuelas.
- Garantizar el acceso gratuito a agua potable en escuelas, espacios públicos y comerciales, incluyendo la instalación de bebederos.
- Promover la activación física en ámbitos educativos y no educativos.
- Promover la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada.
El documento presentado por ASA “Propuestas para una política integral frente a la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en México”, debe formar parte de una política integral que fomente la producción y acceso a alimentos saludables, apoyando la producción diversificada y regional de los pequeños productores en financiamientos, recursos y accesos a mercados justos.
Fortaleciendo la agricultura familiar y los mercados locales y solidarios. El fomento a la agricultura de pequeña escala es una estrategia fundamental en la creación de entornos saludables y el combate a la obesidad y a la pobreza.
La Alianza por la Salud Alimentaria ha presentado un manifiesto por un Sistema Alimentario Nutricional, Justo y Sustentable. Al respecto, Lorena Vázquez Ordaz de The Hunger Project México, comentó que los productores de pequeña escala representan el 81.3% de los productores del país y generan más del 40% de los alimentos, sin embargo el gobierno no los apoya con asistencia técnica, financiamiento de recursos, ni acceso a mercados justos. La solución sería garantizar alimentos nutritivos a la población rural y urbana del país, lo que mejoraría la economía de estos productores y sus familias y al mismo tiempo contribuiría a una mejor alimentación de la gente en las ciudades.
La propuesta de la Alianza por la Salud Alimentaria que coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones internacionales y nacionales se entregará a cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República buscando su compromiso en su plataforma de gobierno.
Ana Larrañaga de ContraPeso explicó: “Toda la población puede estar en riesgo de tener diabetes por el consumo de alimentos ultraprocesados altos en azúcares, aun cuando no tengan sobrepeso y sean delgados. Las acciones del gobierno al respecto, se basan sólo en el tratamiento de los pacientes con diabetes, dejando a la prevención a un lado, lo que es algo indispensable para aminorar el problema. Lo que se requiere es una voluntad política firme”.
Sandra Mejía de la Red por los Derechos de la Infancia en México, declaró: “Se busca que los candidatos presidenciales cumplan con lo señalado en la Convención de los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y demás leyes y tratados, para buscar la protección a su salud. La Estrategia Nacional de Obesidad y Diabetes fue una estrategia fallida y no contó con los recursos suficientes para operar. De ahí la necesidad de una Ley General para el Control del Sobrepeso y Obesidad, acompañada de una estrategia integral preventiva donde se fomente la participación de niñas y niños para el cambio de cultura alimenticia que se necesita”.
Por último, Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor agregó que esta política integral debe, además, utilizar un marco de referencia basado en derechos y abordar el tema de conflicto de interés en la elaboración y evaluación de la política.
