El diputado Liborio Vidal Aguilar impulsa una iniciativa para crear la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores, a fin de dar protección efectiva de sus derechos de asistencia e integración social, atención integral y calidad del servicio.
[/media-credit] De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las Personas Adultas Mayores constituyen uno de los sectores poblacionales que enfrenta mayores retos sociodemográficos como el sanitario, vulnerabilidad social y problemas de cobertura.
Resaltó que el acelerado crecimiento de la población de PAM representa una problemática para los diferentes sectores gubernamentales, debido a la falta de desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar su bienestar y capacidad humana orientada a atender profesionalmente sus diversas demandas.
Destacó que de las poco más de 633 mil muertes registradas en 2014, 63.8% correspondió a personas de 60 y más años. Muchos de los fallecimientos son producto de enfermedades crónico- degenerativas; destacan la diabetes mellitus, isquémicas del corazón, cerebrovasculares, vías respiratorias inferiores, hipertensivas y hepáticas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las PAM constituyen uno de los sectores poblacionales que enfrenta mayores retos sociodemográficos como el sanitario, vulnerabilidad social y problemas de cobertura.
Vidal Aguilar explicó que el envejecimiento poblacional en México se caracteriza por la coexistencia de enfermedades crónico- degenerativas, transmisibles y desnutrición.
“Esta mezcla de condiciones de salud representa un riesgo desconocido, en cuanto a la discapacidad que puede presentar la población que sobrevive hasta edades avanzadas y la respuesta de los sistemas de salud para enfrentar la carga asociada con este triple desafío”, apuntó.
Respecto a la vulnerabilidad social, dijo que la desprotección en la que viven los adultos mayores es factor determinante del empobrecimiento de la familia en el país, sobre la cual frecuentemente recae la responsabilidad del cuidado de los ancianos.
La situación de las PAM, continuó, se caracteriza por la intersección entre problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales, tanto en entornos rurales como urbanos.
De acuerdo con datos del Inegi, durante el segundo trimestre de 2016, la población ocupada de 60 y más años representa 33.6%. En 2014, 26% de la población tienen discapacidad, mientras que 36.1% cuenta con alguna limitación.
Mientras, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, señala que donde hay al menos una persona de 60 y más años, el gasto en salud es 50.7% más alto respecto a los hogares donde no hay adultos mayores.
En los primeros, hay un desembolso mensual promedio de 857.89 pesos, de los cuales 63.1% son para pago de atención ambulatoria, 20.3% para gastos de hospitalización y 16.6% para adquirir medicinas.
Además, las condiciones laborales de los adultos mayores que se ocupan de manera subordinada y remunerada (88.3%) no son muy favorables: casi la mitad (50.6%) no recibe prestaciones; sólo 38.0% tiene acceso a los servicios de salud otorgados por su trabajo y 38.6% cuenta con contrato.
El diputado destacó que para enfrentar estos retos y generar un marco robusto de políticas públicas, es importante tomar en cuenta las determinantes sociales e institucionales que impactan a los adultos mayores, especialmente los que viven en contextos de pobreza.
Mencionó que de acuerdo con el INSP, para avanzar en la resolución de los problemas de las PAM se requiere poner énfasis en áreas específicas como el diseño de modelos de atención para esta población, conocer su estado de salud y acceso a servicios de quienes viven en pobreza, mejorar los mecanismos de evaluación de los programas y la correcta identificación de las necesidades, particularmente los de origen indígena.
Refirió que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objetivo establecer bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de sus derechos, programas, responsabilidades e instrumentos, que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar.
Por ello, propuso modificar el artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer que la aplicación y seguimiento de esta Ley también corresponderá a la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores.
