La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, se pronunció por la necesidad de sumar voluntades con todas las fuerzas políticas para crear una ley general que garantice el derecho a la alimentación.
Casi la cuarta parte de la población mexicana sufre carencia alimentaria, afirma la senadora Ana Lilia Rivera.
La legisladora participó en el foro a distancia “Sesiones Parlamentarias Hambre Cero”. Ahí dijo que para México, como para muchos países de la región, los desafíos en torno a esta materia son diversos y complejos. En el país, advirtió, persisten las cifras alarmantes de subalimentación, pobreza y obesidad.
De acuerdo con datos oficiales, agregó, casi la cuarta parte de la población mexicana sufre carencia alimentaria, situación que se agrava entre la población indígena, personas con discapacidad y menores de edad.
Además, subrayó, nuestro país ocupa el primer lugar en tasas de sobrepeso y obesidad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En el encuentro, organizado por el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, Rivera Rivera dijo que “los mexicanos estamos conscientes de que la lucha contra el hambre, la pobreza y todas las formas de malnutrición deben ser prioridad en las agendas político-legislativas”.
Impulso de acciones para materializar este derecho fundamental
En este sentido, comentó que en los 2 últimos años, el Frente Nacional contra el Hambre, del que es coordinadora en el Senado de la República; ha impulsado acciones para materializar este derecho fundamental: la garantía legal del derecho al consumo informado, la preservación de las semillas nativas y las formas tradicionales de producción agrícola.
De esta manera, dijo, se promovieron las reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado frontal de alimentos; así como la expedición de la Ley General de Fomento y Protección del Maíz Nativo.
Creación de proyecto de ley general sobre el derecho a la alimentación adecuada
En este contexto, la senadora señaló que un tema central a la organización es la creación de un proyecto de ley general sobre el derecho a la alimentación adecuada; que sea reglamentaria del texto constitucional.
Se trata, apuntó, de establecer principios y bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas, que determine la coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno y ámbitos de competencia para cumplir con este objetivo[.]
