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Este 3 de agosto de 2015, en su gira por el estado de Quintana Roo, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, encabezó la firma del Convenio por la Igualdad con el Gobierno de Quintana Roo; entregó simbólicamente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Glosario de Términos Jurídicos; atestiguó la firma de Convenios de Colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública local y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, con el Instituto Quintanarroense de la Mujer; y sostuvo un encuentro con integrantes del Congreso de Quintana Roo.
Convenio por la Igualdad con Quintana Roo
La firma del Convenio de Colaboración entre el Inmujeres y el Gobierno del Estado, deriva de la firma de “Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres” y la Instrucción Presidencial IP-321, establecidos en la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Durante el evento realizado en el Centro Internacional de Convenciones de Chetumal, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, destacó que esta entidad es una de las cinco con mayor participación económica femenina, vital para consolidar su autonomía financiera.
Sin embargo -dijo- como en todo el país, en el mercado laboral ellas tienen desventajas en cuanto a salarios y prestaciones, así como en el acceso a una vivienda digna, a jubilaciones, a capacitación y formación profesional.
Ante ello, este convenio de colaboración contribuye al esfuerzo colectivo para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero sobre todo para erradicar los diversos tipos de violencia que enfrentan las mujeres quintanarroenses.
Refirió que la instrucción del Gobierno de la República es de cero tolerancia a quienes violentan, agreden, acosan y asesinan a las mujeres. «Nos congratula la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima, así como la reciente sentencia que el Tribunal Oral impuso a cinco feminicidas en Chihuahua, porque marcan un precedente que debe ser replicado en todo el país«, dijo.
La funcionaria federal afirmó que es necesario abrir amplios canales de comunicación y colaboración; fortalecer el trabajo interinstitucional para formar un frente común, ya que con más recursos y una mejor coordinación podemos lograr que las muchas iniciativas sociales e institucionales que existen en la entidad se conviertan en grandes avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
En este sentido, destacó que una prueba del éxito que puede alcanzar el trabajo conjunto es la instrumentación de la Estrategia de Prevención del Embarazo en Adolescentes en la entidad, pues es imprescindible señalar que muchos de estos embarazos son producto de la violencia que se ejerce contra niñas y adolescentes, a quienes el abuso de los mayores las enfrenta a graves riesgos para su salud, cancelándoles la oportunidad de estudiar y vivir una juventud plena, obligándolas a tomar responsabilidades para las que no están preparadas.
En ésta, como en muchas otras violencias que viven las mujeres de todas las edades -apuntó- la estrategia es fortalecer las políticas públicas para prevenir y atender con oportunidad y sin prejuicios a las víctimas, logrando la sanción a los responsables mediante el desarrollo de un trabajo impecable, con perspectiva de género.
En su oportunidad, Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, sostuvo que las acciones encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres son parte del trabajo cotidiano de su gobierno.
Las mujeres -dijo- son pieza esencial para el desarrollo de la entidad y del país, por lo que no hay esfuerzo menor para abrir cada día más espacios para su participación.
Blanca Pérez Alonso, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por su parte, reconoció el trabajo comprometido del Inmujeres por el avance de la igualdad de México.
Encuentro con integrantes del Congreso de Quintana Roo
Mediante estas iniciativas se podrá garantizar una mejor vida y bienestar a las mujeres en mayor estado de vulnerabilidad: las migrantes, las indígenas, las adultas mayores, las niñas y adolescentes, así como fomentar la participación paritaria en todos los cargos de decisión.
Agregó que la agenda de género tiene en el Poder Legislativo a un aliado formidable, pues los congresos son los espacios idóneos para garantizar los derechos en leyes y reglamentos.
Destaco que el Congreso del Estado tiene en sus manos una gran oportunidad para hacer historia en la entidad y en el país: «Sólo recordemos que hace 20 años nadie hablaba de violencia familiar; era impensable que una mujer acusara a su marido de haberla violado. No existían conceptos como el feminicidio. Hace 10 años ni soñábamos con la paridad política y hoy luchamos por incluir en las leyes la violencia política. En estos avances, las mexicanas hemos ido de la mano con las y los legisladores«.
Herramientas para la igualdad
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[/media-credit]La presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, entregó simbólicamente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Glosario de Términos Jurídicos, y atestiguó la firma de Convenios de Colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública local y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, con el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
«Celebro la firma de estos Convenios de Colaboración ya que consolidar los esfuerzos institucionales nos permite crear sinergias para enfrentar la impunidad, fortaleciendo la igualdad jurídica y el respeto a la dignidad de todas las víctimas«, afirmó.
Destacó que en este reto se enfrenta el gran desafío de garantizar a todas las mujeres el acceso pleno a la justicia como un derecho libre de discriminación, prejuicios o sesgos de género.
Por eso -agregó- resultado de un esfuerzo institucional, se entrega el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del estado de Quintana Roo, una herramienta para las y los impartidores de justicia que contribuirá al logro de la igualdad entre mujeres y hombres en los hechos.
Se sumó a esta entrega el Glosario de Términos Jurídicos apegados al nuevo sistema de justicia penal adversarial que, unificando criterios y en un lenguaje accesible e incluyente, define los principales conceptos vinculados al derecho a la justicia.
Finalmente afirmó que las instituciones tienen el deber de acompañar estos esfuerzos con una actuación profesional, oportuna, eficiente, sensible y comprometida con los derechos humanos.
