Inequidad en acceso a servicios de salud para la mujer, otra demanda del 8M

Las desventajas en salud colocan a las mujeres en condiciones de desventaja social, sin embargo, las políticas públicas y las decisiones de gobierno parecen ignorarlo, así lo demuestran los recortes presupuestales que han afectado programas, iniciativas e instituciones con visión de género

Por Maricela Ramos. Asesora en comunicación en salud.

La violencia de género es una de las principales denuncias que ocupan las voces de la marcha 8M, la cantidad de feminicidios, desapariciones, casos de abuso, acoso sexual y violación en mujeres de todos los sectores y niveles socioeconómicos y educativos, en todas las regiones de este país, no dejan espacio a la duda, son parte de los cimientos que sostienen los pasos de todas las que marchamos.

Pero también lo son las otras causas olvidadas, quizá habernos acostumbrado a las condiciones de inequidad lo normalizan sin embargo no podemos ni debemos dejarlas fuera de la agenda y nos referimos específicamente a la salud, una de las áreas más sensibles y vitales que vuelven aún más vulnerables a las mujeres.

Reducir la brecha en salud de las mujeres debe ser una prioridad de los gobiernos, pero parece estar al final de la fila. En noviembre de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, asegurando que en el gobierno de la 4T las mujeres serían en gran parte las beneficiarias de los programas prioritarios del gobierno federal; la realidad señala lo contrario.

El Censo de Población y Vivienda 2020, indica que el 22% de las mujeres tiene problemas de acceso a la atención médica, comparado con el 17.2% de los hombres, pero la brecha en salud va más allá e involucra rubros como la atención prenatal, los servicios de planificación familiar y los servicios de salud sexual y reproductiva.

Las desventajas en salud colocan a las mujeres en condiciones de desventaja social, sin embargo, las políticas públicas y las decisiones de gobierno parecen ignorarlo, así lo demuestran los recortes presupuestales que han afectado programas, iniciativas e instituciones con visión de género.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud contará tan sólo con 2.02 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representa un aumento de 1% (11 mdp), frente a este año, pero 37% (1.1 mmdp) menos que en el sexenio pasado.

Este retroceso se verá reflejado en las estrategias federales que tienen un impacto a nivel local y con los que se da financiamiento a programas para reducir la mortalidad materna, atender y prevenir el cáncer de mama y cervicouterino, así como mantener e incrementar servicios de salud materna, sexual y reproductiva.

Por otro lado, la reducción en 2023 del presupuesto asignado a salud afectará al Programa de Vacunación Universal (PVU) que deberá sobrevivir con un recorte del 56%, lo que equivale a 17.7 mmdp, impactando la compra y aplicación del esquema preventivo del virus de papiloma humano (VPH), relacionado con cáncer cervicouterino, entre otras vacunas.

La salud sexual y reproductiva es otra área que hace evidente el estado de vulnerabilidad en el que los gobiernos dejan a las mujeres al negarles condiciones de acceso a los servicios de salud y al ejercicio libre su sexualidad, así como a la protección de su salud con programas que faciliten el acceso a métodos anticonceptivos.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la tasa de embarazo adolescente en México es de 64.2 por cada 1,000 adolescentes, uno de los más altos en América Latina, siendo las mujeres de bajos ingresos y de zonas rurales las más afectadas.

A esto debe sumarse la necesidad de incrementar los servicios para prevenir enfermedades de transmisión sexual, exámenes ginecológicos, atención al embarazo y por supuesto, el acceso a métodos de interrupción del embarazo sin sesgo ni juicios.

Es necesario entender que la mujer es un agente de cambio social y las políticas públicas deben dimensionarla como tal: las mujeres sanas son más productivas, ejercen un rol esencial como proveedoras y cuidadoras en las familias y sus comunidades; la crianza, educación y formación de las nuevas generaciones está en sus manos, por eso urge crear programas que enseñen y promuevan en las mujeres una cultura de autocuidado desde la infancia, donde el acceso a la salud sea un derecho auténtico, no una dádiva.

Haría falta un Sistema de Salud Mujer con servicios integrales de salud femenina, con profesionales e infraestructura que resuelvan las necesidades y problemas específicos del género en cada etapa de la vida, con soportes adecuados en momentos especialmente vulnerables como la adolescencia y la maternidad; con sistemas de alta especialidad que disminuyan las tazas de mortalidad materna y eleve la prevención, diagnóstico y atención temprana de cánceres femeninos; impulse programas de educación en salud que cambie el panorama del embarazo adolescente, promueva una vida sexual y reproductiva libre de prejuicios y elimine la violencia de género.

Las fallas en un gobierno y sistema que niegan a las mujeres acceso a mejores condiciones de salud en México se convierten en un síntoma más que justifica la marcha 8M y nos compromete a no cesar en las demandas porque la brecha en salud para las mujeres sea cerrada.