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Alejandra Ancheita Pagaza, defensora de derechos humanos reconocida con el premio Martín Ennals

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Alejandra Ancheita Pagaza

Alejandra Ancheita Pagaza, reconocida con el premio Martín Ennals

Durante la entrega de un reconocimiento este 24 de marzo de 2015 por parte del Senado para la activista, el senador Barbosa Huerta apuntó que el Estado ha avanzado en la protección de las garantías individuales; sin embargo, reconoció, “estamos lejos de ser un país donde se respeten plenamente los derechos humanos; estamos trabajando para ello”.

La Cámara de Senadores es aliada de los defensores de derechos humanos, aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa Huerta, a la activista Alejandra Ancheita Pagaza, reconocida con el premio Martín Ennals, el máximo premio internacional en materia de defensa de las garantías individuales.

En una ceremonia, en el marco de la sesión ordinaria, la Mesa Directiva entregó un diploma a Alejandra Ancheita Pagaza, y el presidente de este órgano de dirección refrendó que senadores y senadoras de la actual Legislatura sumarán esfuerzos para fortalecer la labor de los activistas y hacer valer los las garantías fundamentales de la población.

Desde la máxima tribuna, Ancheita Pagaza solicitó mayor atención para la protección de los defensores de derechos humanos, en especial, de las mujeres activistas que enfrentan severos riesgos; al tiempo consideró de “vital importancia que el Senado atienda cabalmente todas las problemáticas en materia de derechos humanos”.

En la grave situación de derechos humanos en el país, acotó, la impunidad es el común denominador: según el reporte del Programa Nacional de Procuración de Justicia quedan sin castigo 93 por ciento de los delitos.

La tortura y desaparición forzada son los dos problemas más dolorosos y urgentes de atender, subrayó, pues de acuerdo a cifras oficiales, desde 2006 no se ha sancionado a nadie por casos de desaparición forzada.

El caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el caso de Tlatlaya, ilustran claramente que hay necesidad apremiante de atender esta problemática”, hizo énfasis la directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).

La activista reconoció que el Senado cuenta en su agenda con tres temas relevantes para el trabajo de la sociedad civil: migración, protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y la atención a diversas reformas estructurales. No obstante, en materia migratoria es necesario atender la problemática que enfrentan los mexicanos que tienen visas H2A y H2B, pues sufren fraudes y violación de sus derechos laborales.

En México también existen problemas, como los jornaleros de San Quintín, Baja California, donde las mujeres son sometidas a vejaciones como violaciones sexuales o son obligadas a trabajar en estado de embarazo. En ese sentido, Ancheita Pagaza propuso que la Comisión de Derechos Humanos envíe a San Quintín una comisión de observación, a fin de que se atiendan las solicitudes de los trabajadores para tener mejores condiciones laborales y respeto a sus garantías.

En cuanto a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, reconoció la labor del Senado para dar seguimiento a las tareas de la Secretaría de Gobernación en la protección de comunicadores. “Pero también exhortamos a no perder de vista el riesgo que corren los defensores y defensoras de derechos humanos, de manera particular las mujeres”, advirtió.

Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en 2013 se documentaron 242 ataques a activistas, de los cuales el 95 por ciento permanecen en la impunidad.

En cuanto a reformas estructurales, destacó la decisión del Senado de proteger poblaciones donde se pretende poner en marcha proyectos energéticos. Empero, apuntó, es necesario poner en la mesa el tema de la consulta sobre megaproyectos, pues en el caso de la empresa Eólica del Sur, en Juchitán, Oaxaca, se han identificado graves violaciones a disposiciones nacionales e internacionales, como las de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

En particular, apuntó, preocupan las amenazas a integrantes de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y de Poblaciones del Istmo de Tehuantepec.

El Senado tiene la responsabilidad histórica de trabajar por el bien común del país, lo podrá hacer sólo sí se compromete al trabajo conjunto con la sociedad civil y el colectivo de trabajadores y trabajadoras indígenas”, concluyó.

Crédito de la imagen Senado de la República | México

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