Inicia el foro “Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes: Un reto legislativo”

Es urgente regular los delitos informáticos que vulneran la integridad de los menores de edad, aseguró la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo durante la inauguración del foro “Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes: Un reto legislativo”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asistentes al foro “Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes: Un reto legislativo”
En México, 18.5 millones de usuarios de internet son menores de edad. Senado de la República | México

La presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género anunció que en el Senado de la República se está elaborando un documento con el objetivo de tener la legislación apropiada para prevenir y atender acciones como la pornografía, la extorsión y el secuestro por medios digitales en contra de este sector de la población.

Refirió que en México se relegó el tema de la niñez por más de 24 años, durante los cuales la tecnología trajo tanto beneficios como perjuicios. De esta manera, la senadora afirmó que es necesario que hablen los que sí saben y entrelazar sus propuestas con este proyecto legislativo.

Sergio Jaime Rochín Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, enfatizó que mientras que los avances tecnológicos han crecido exponencialmente, la capacidad para regular adecuadamente a las nuevas tecnologías y prever los comportamientos perniciosos se han visto rebasados.

Puntualizó que en México existen 51.2 millones de usuarios de internet, de los cuales alrededor de 18.5 millones (36%) son menores de edad. Así, aseguró que se deben incorporar los esfuerzos de la sociedad y el gobierno para, de manera conjunta y articulada, elaborar herramientas de protección y prevención que pongan a la vanguardia a la legislación mexicana en la materia.

Jorge Cicero Fernández, director general adjunto para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisó que México asume su responsabilidad global en la arquitectura internacional para la vigencia del Estado de Derecho en el ciberespacio. Al respecto, indicó que se cuenta con diversos convenios a nivel internacional para identificar y atender a las víctimas de abuso sexual y pornografía.

Asimismo, dijo, se tiene prevista una ambiciosa estrategia multilateral para la eliminación del acoso escolar que toma en cuenta su dimensión cibernética, misma que llamará la atención de la comunidad internacional sobre este problema y promoverá la identificación de las mejores prácticas para combatirlo.

Jacobo Bello Joya, comisario en jefe de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal, señaló que las dos conductas en agravio más investigadas son la pornografía infantil, con 55%, y la desaparición de menores, con 24%.

Subrayó que la investigación y persecución de delitos cibernéticos involucra a las distintas dependencias y organizaciones públicas y privadas, además de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para mejorar estos procesos, afirmó, resulta importante identificar las áreas de oportunidad en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de México.

Ciro Betancourt García, juez noveno penal de Delitos no Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, subrayó que es indispensable actuar ya, pues no se puede esperar hasta que se tipifiquen los delitos en agravio de menores.

Señaló que ya es posible solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones en cuanto se tiene conocimiento de los ciberdelitos. Las empresas que están involucradas en el mantenimiento de estas redes tienen la obligación de coadyuvar con el Ministerio Público e, incluso, constatar en tiempo real dónde se encuentra los aparatos electrónicos desde donde se están produciendo y transmitiendo la pornografía infantil.

Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que las propuestas en materia de protección a menores deben ser transversales e incluir a los tres Poderes de la Unión, a las organizaciones no gubernamentales y a las entidades de educación superior; es decir, tanto a quienes hacen y ejecutan las leyes, como a quienes fungen como observadores para prevenir esta clase de delitos cibernéticos que laceran a nuestra sociedad.

Es indispensable crear una estructura integral que forme a niños sanos y forje ciudadanos para el futuro, a fin de fortalecer a la comunidad y al Estado, enfatizó.

María Ampudia González, presidenta de la fundación Y quién habla por mí?, destacó que en México existen más de 12 mil cuentas personales de internet dedicadas a la difusión de pornografía infantil. Más aún, alrededor de 800 niños al mes son objeto de este delito, de los cuales muchos tienen apenas entre 0 a 6 años.

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