Necesario fortalecer instituciones para atender rezagos en derechos de discapacitados

En el foro “Cambio de Paradigma de la Atención de las Personas con Discapacidad: desde una Visión Asistencialista a un Enfoque de Derechos Humanos”, se conovocó a la sociedad civil y el Poder Legislativo a aprovechar el momento para fortalecer a las instituciones del estado en su misión de velar por las garantías de este grupo vulnerable. Se expone la necesidad de revisar los diseños del Conadis, DIF y Lotería Nacional y crear Registro Nacional de Discapacitados.

AC’s proponen etiquetar en el PEF subsidio de 350 mdp para atender mejor a este grupo vulnerable
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El diputado presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Gustavo Madero Muñoz, lamentó que México sea “farol de la calle y oscuridad de la casa” en el respeto a los derechos y dignidad de los millones de discapacitados del país, ya que forma parte de tratados internacionales en su beneficio, pero, al mismo tiempo, tiene importantes rezagos en la adopción de estos avances.

Al inaugurar el foro “Cambio de Paradigma de la Atención de las Personas con Discapacidad: desde una Visión Asistencialista a un Enfoque de Derechos Humanos, el pasado 18 de abril de 2016 sostuvo que tal descuido plantea un “momentum especial” que la sociedad civil y el Poder Legislativo deben aprovechar para fortalecer a las instituciones del Estado en su misión de velar por las garantías de este grupo vulnerable.

Planteó revisar el diseño de instancias como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), pues “padece vulnerabilidad jurídica hasta para la integración de sus órganos de gobierno, y una anemia presupuestal para ejercer sus labores”.

Otras instancias que deben ser examinadas, dijo, son el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Lotería Nacional. En este último caso, “no es posible que tengamos en México la única lotería que pierde dinero, que tiene déficit y que, por esta razón, desde hace tiempo ya no hace aportaciones a la asistencia pública”, enfatizó.

Por otra parte, consideró indispensable poner en marcha un Registro Nacional de Personas con Discapacidad, ya que en México las cifras al respecto se incrementan constantemente. Por ejemplo, en 2010, el Inegi reportó que habían 5 millones 739,270 mexicanos en esta situación, número que subió a más de 6 millones 100 mil para 2012.

Dicho registro, enfatizó, se contempló en el plan de trabajo del Conadis desde su creación; sin embargo, aún no existe. Por tanto, “no podemos apoyar a quien no se reconoce que existe y en México existe al menos otro tanto de las personas que se reconoce oficialmente”, enfatizó Madero.

También recomendó implementar una Cedula de Identidad para que los discapacitados puedan acceder a los programas gubernamentales de apoyo.

Asimismo, el diputado propuso empoderar a las asociaciones civiles para que la ayuda a esa población posea una visión más participativa y democrática; también, promover incentivos fiscales para la inclusión laboral de los discapacitados y analizar la legislación vigente para incorporar prácticas que les beneficien.

Al tomar la palabra, la titular del Conadis, Mercedes Juan López, pidió a los legisladores trabajar en conjunto temas como la inclusión de mujeres con algún padecimiento, ya que más del 50% del total de las personas con discapacidad pertenece a este género, y enfrenta el doble de obstáculos para desenvolverse en la sociedad, por su sexo y condición.

El gobierno federal, por su parte, se ha preocupado por cambiar el paradigma de la inclusión de personas con discapacidad desde un punto de vista integral, es decir, no sólo por medio de acciones de salud, sino también de educación, deporte y prevención, entre otras, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Patronato de Discapacitados Visuales y representante de Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), Camerina Robles Cuéllar, dijo que México, aun cuando reconoce las disposiciones de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la práctica es totalmente distinto.

Nos preocupa que casos de esta naturaleza se repitan como sucedió con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entro en vigor en 1990, y fue 25 años después cuando tuvimos la primera Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, explicó.

Resaltó que es preocupante que no se ha logrado atender ni siquiera el 10% de las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014, en materia de derechos de personas con discapacidad, si “consideramos que (el país) volverá a ser evaluado en enero de 2018”.

Hizo un llamado a las Cámaras de Diputados y de Senadores, a la Secretaria de Gobierno y al Conadis, así como a la CNDH y organismos internacionales, a impulsar una política pública transversal en torno a los derechos de las personas con discapacidad, a fin de impulsar las medidas necesarias para una debida armonización legislativa que promueva su inclusión.

En el tema “Los derechos de las personas con discapacidad en el nuevo marco constitucional”, el director general de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Sepúlveda Iguiniz, destacó que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, ha sido la más importante en materia de derechos humanos; sin embargo, “ha quedado en un análisis general, hace falta aterrizar sus principios en temas y sectores particulares como la discapacidad”.

Es importante que tomemos en cuenta esta reforma para dar el cambio que se necesita en todos los ámbitos, porque, en el caso de las personas con discapacidad, el enfoque ha sido equivocado”, acotó.

En su turno, el director adjunto de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Adalberto Méndez López, resaltó que, de acuerdo con el informe del Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez, el sistema penitenciario en México no está reservado para el tratamiento de personas con discapacidad ya que “existen prácticas de aislamiento prolongado o en zonas de castigo para normar su conducta”.

En su ponencia “La CNDH como mecanismo nacional de monitoreo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, precisó que es necesario establecer un organismo de coordinación con entidades públicas de derechos humanos a afecto de dar a conocer los lineamientos en los que trabajarán a favor de estas garantías de las personas con discapacidad.

El director general del mecanismo nacional de Monitoreo de la CNDH, Joaquín Alba Ruiz Cabañas, mencionó que se requiere que la gente participe y se entere de qué se trata dicho mecanismo, a fin de sumar voluntades a favor de las personas con discapacidad.

En su intervención, la directora de Comunicación para la Inclusión A.C., Katia D´Artigues Beauregard, dijo que los medios de comunicación se encuentran retrasados en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad. “Es común que utilicen frases ‘telenovelescas’ cuando sabemos que a través del lenguaje se crean y refuerzan estereotipos”.

Propuso que la sociedad exija lo que mandata la Ley de Telecomunicaciones, en torno a generar información accesible para ellos.

En su participación, Marco Pérez Ruiz, coordinador del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México, lamentó que, aunque se ha demostrado que la inclusión de la mujer en el ámbito laboral es más rentable para las empresas, no se ha investigado qué ocurriría si hubiese más participación de los discapacitados o grupos minoritarios en él.

En este asunto, “más allá de que es lo correcto y de que todos merecemos las mismas oportunidades, hay que demostrar que eso es estratégico. No se trata de hacer lo bueno, sino lo inteligente, y esto es ser inclusivo”, destacó.

Instó a las empresas a adherirse al Pacto Mundial 2030 de la ONU, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible para ese año que, al igual que a todos los sectores de la sociedad, beneficie a los discapacitados.

Raquel Jelinek Mendelsohn, presidenta de la Confederación Nacional de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Confe), advirtió que en amplios sectores de México persisten prejuicios discriminatorios que provocan división social, maltratato y desigualdad, y afectan los derechos y libertades de millones de personas. Peor aún, dijo, este comportamiento “nosotros lo estamos permitiendo”.

Lo anterior deriva, en parte, de que el 80% de los mexicanos no conoce las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas. En este sentido, hizo un llamado a estudiar lo que dice cada uno de sus artículos y a transversalizarlos en las leyes nacionales y los sectores de la sociedad.

De la fundación española ONCE, su director, Ignacio Velo Antolin, subrayó que las normas de protección a las personas con discapacidad -al igual que toda ley- deben ir respaldadas por una “memoria económica”; esto es, contar con recursos suficientes para su aplicación, ya que de lo contrario “no servirán para nada”, o bien, será muy difícil ponerlas en marcha.

Hizo hincapié en otro aspecto que debe considerar el gobierno: el acceso de los discapacitados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con ello, precisó, se garantizará igualdad de oportunidades y que estas personas puedan trabajar o hacer trámites -como el pago de impuestos- desde la comodidad de sus hogares.

Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente ejecutivo del Centro Mexicano de la Filantropía, refirió que en el país existen alrededor de 33 mil asociaciones de ciudadanos, de los cuales mil 200 trabajan en favor de las personas con discapacidad y sólo 700 fueron autorizadas como donatarias del gobierno federal el último año.

Aunque hacen un gran esfuerzo por ayudar a este sector, opinó que esto “es insuficiente”, ya que no cuentan con los recursos necesarios para realizar sus tareas. Instó a diputados a etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación un subsidio por alrededor de 350 millones de pesos para que esas 700 AC’s puedan solventar mejor sus gastos.

En tanto, el jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema Nacional DIF, Germán Mendoza Rivera, detalló que la instancia cuenta con 128 centros de rehabilitación en todo el país y 1,518 unidades básicas del mismo rubro, en las que proporciona, además de ayuda a los discapacitados, asesoría para su integración al campo laboral y capacitación a especialistas para atenderlos.

En el foro también participaron Ricardo Camacho Sancirpián, director general de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF y Santiago Velázquez Duarte, fundador de la Asociación Vida Independiente.

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Imagen cortesía de Honorable Cámara de Diputados | México


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Redacción, Plenilunia Sociedad Civil Fundada en el año de 2004, Plenilunia es una Sociedad Civil cuyo objetivo es fomentar el bienestar y la salud integral de la mujer.

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